Mientras Sánchez y sus ministros se rasgan las vestiduras por la demencia arancelaria de Donald Trump, aquí en España ese mismo gobierno aprueba, en un alarde de populismo y sin hacer la preceptiva memoria económica asociada, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Medida que en la práctica supone un arancel interno por su efecto directo sobre los resultados y los márgenes de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, y con un impacto indirecto negativo sobre la creación de empleo, la competencia y la caída de la producción

Cómo informaba recientemente elEconomista, recogiendo los datos del informe sobre el Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme elaborado por Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), esta reducción impuesta por el Gobierno al margen del diálogo social supondrá un  coste de 13.900 millones de euros para las pymes y teniendo en cuenta que actualmente España cuenta con, aproximadamente, 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas, se calcula que la reducción de la jornada laboral costaría a cada pyme unos 4.793 euros de media al año.

Pequeñas y medianas empresas y autónomos que suponen más del 98% de nuestro tejido empresarial, que aportan al 65% del PIB nacional y el 75% del empleo y que en los últimos cuatro años han sufrido una subida del 25% en los costes laborales.

Porque no es este el único arancel interno encubierto al que el gobierno más hostil a las empresas de la historia, ha aplicado a la economía, al tejido empresarial y a los trabajadores españoles. De hecho perjuicios similares al arancel sobre los costes, la competitividad, la productividad, la inflación y la contratación de las empresas tienen las 94 subidas de impuestos y cotizaciones sociales, los aumentos indiscriminados del Salario Mínimo y el desprecio al diálogo social que practica un gobierno de coalición enfermizo de intervencionismo dictatorial para intentar enmascarar su falta de transparencia, su nepotismo, su fanatismo ideológico y sus incapacidades de gestión como se ha demostrado, una vez más, con el apagón eléctrico

Y este brindis al sol de la reducción de jornada se produce justo cuando lo datos de la Contabilidad Nacional Trimestral muestran que la jornada media semanal realizada por las personas ocupadas durante el último trimestre de 2024 ha sido de 31.7 horas, muy por debajo de la que se realizaba en 2007 y 2008.

Dato este que refleja la precariedad de un mercado laboral en el que en lugar de crear puestos de trabajo se reparte el escaso empleo existente entre más personas que no completan una jornada entera de trabajo, lo que implica salarios más bajos y aumento de las situaciones de pluriempleo que afectan ya 687.200 personas en este país.

Precariedad y caída de la contratación que refleja también la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, que ha registrado sus peores resultados desde 2010 con 193.000 nuevos parados. Y que eleva a su máxima expresión el último informe del Gabinete de Estudios de USO que con datos de Trabajo, el INE y la Seguridad Social, muestra que el total de personas registradas en el Servicio Público de Empleo (SEPE) y que no están trabajando se elevaba a 3.943.297 a finales de marzo, 1369.149 más de los que reconoce oficialmente el Gobierno y con un incremento de 15.941 parados con respecto al trimestre precedente.

Recordar una vez más que las estadísticas de paro registrado del SEPE tienen más trampas que las encuestas del CIS del cocinero Tezanos y no incluyen como desempleados a los parados que están realizando cursos de formación, a los que piden un empleo específico o con jornada reducida, a los afectos por un ERTE y tampoco a los fijos discontinuos que no están trabajando.

Y todo ello con el apoyo entusiasta y la colaboración interesada de unos sindicatos, CC OO y UGT, domesticados y serviles al poder que el Primero de Mayo se manifiestan al grito de “a trabajar menos y que paguen ellos” junto al mismo gobierno que tiene a España como líder del desempleo de la UE y que ha llevado a más de 12 millones de españoles a estar en riesgo de pobreza o exclusión. ¡Quién los ha visto y quién los ve!