La guerra entre Consumo y Airbnb incluye hasta tres resoluciones en las que se han notificado los cerca de 66.000 anuncios ilegales, y que hasta ahora la plataforma no había bloqueado pese habérselo pedido en los últimos meses. Airbnb había recurrido este bloqueo ante los tribunales para evitar tener que retirarlos, pero según ha confirmado el ministro Pablo Bustinduy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de dar la razón a Consumo avalando sus actuaciones, tal y como se describía en su primera resolución. Y, por tanto, un auto del Tribunal Superior madrileño insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos inmediatamente.

Los motivos para bloquear los anuncios

Hasta el momento, el Ministerio de Consumo ha detectado 65.935 anuncios ilegales, que según el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid afecta a viviendas ubicadas en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia.

Los argumentos en los que se sustentan las irregularidades detectadas es que en la mayoría de los casos dichas viviendas no cuentan con ningún número de licencia o registro para ser reconocidos como «turísticos», una cuestión que es obligatoria en varias normativas autonómicas y que son la «infracción más común».

Otra razón es la opacidad sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores de los pisos, que se traduce en que no cumplirían las obligaciones tributarias y tampoco los consumidores podrían acceder a todos sus derechos.

La última razón sería la incorporación de números de licencia que «no corresponden a los expedidos por las autoridades».

Ante este «profundo desacuerdo» de la plataforma, Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes «para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos», así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.

La última prohibición hecha pública por Consumo se realiza en paralelo a los trabajos complementarios que está realizando para poner en marcha con las autoridades autonómicas y municipales. De momento, está aportando al resto de las administraciones la información que recopila la Unidad de Análisis de Consumo. También está ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin «a los miles de anuncios ilícitos detectados».

Expedientes sancionadores

La labor realizada hasta ahora por la Dirección General de Consumo se ha traducido en la apertura de un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia.

También en febrero de este mismo año abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.

Ambos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas. Además, el pasado 27 de marzo se abrió también un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos, según recoge la web de Europa Press.