La firma de auditoría y asesoramiento explica que estas sociedades, a pesar de su condición pública, siguen las normas del derecho privado, lo que significa que sus gestores están sujetos al mismo régimen de responsabilidad civil que los administradores de empresas privadas. Por ello, si su gestión no es la adecuada, la justicia, además de exigirles el pago de las deudas con sus propios bienes, podría inhabilitarles para gestionar patrimonios de otras personas o empresas.

Para Russell Bedford nos encontramos ante «una situación inédita» ya que, antes de que la crisis se extendiera al sector público, las administraciones autonómicas siempre asumían las posibles pérdidas o deudas de sus empresas. Sin embargo, debido a su alto endeudamiento -más de 130.000 millones de euros-, las comunidades son ahora incapaces de rescatar a sus propias sociedades, dejándolas «desamparadas y abocadas al cierre».

Con el ánimo de depurar responsabilidades ante la utilización de dinero público, la firma recomienda a las administraciones públicas que analicen hasta qué punto la gestión de los directivos y consejeros, como máximos representantes de estas sociedades mercantiles, está vinculada con su situación de insolvencia y las consecuencias derivadas de ello.

En la actualidad, las comunidades cuentan con cerca de 1.300 empresas públicas que disminuirán hasta el entorno de las 900 a finales de 2012 en el caso de que se complete la reestructuración acordada por el Gobierno y las autonomías en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto significa que en menos de un año desaparecerá el 30% de estos entes.

Hacia un proceso de liquidación

Por otro lado, Russell Bedford explica que la depuración de organismos públicos no implica «echar el cierre» como si se tratara de extinguirlas de forma inmediata, sino que muchas se verán abocadas a un largo proceso de liquidación de sus deudas generadas en muchos casos por las propias comunidades autónomas.

De esta forma, la firma de asesoramiento legal prevé que esta reordenación de las empresas públicas sea especialmente virulenta si tenemos en cuenta que, como sociedades mercantiles que son, deberán someterse a concurso de acreedores para hacer frente a unas deudas astronómicas que los directivos de estas sociedades no fueron capaces de contener.

Según Raúl Herrera, responsable de derecho procesal y administración de Justicia de la firma, «los techos de gasto exigidos a las comunidades autónomas han tenido un efecto no deseado, ya que, para eludirlos, las comunidades aumentaron en 5.400 millones de euros la deuda de sus empresas públicas entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha incrementado de forma exponencial su endeudamiento total, entrando en una situación de insolvencia y quiebra financiera».

La firma de auditoría y asesoramiento recuerda que  para evitar que las autonomías se salten el control del déficit a través del desvío de deuda a sus empresas públicas, el Gobierno plantea dictar leyes de carácter básico que prohíban el recurso a este tipo de prácticas que, pese a ser legales, inducen a engaño puesto que no reflejan el estado real de las cuentas de las administraciones.

Para analizar los balances de las empresas públicas adoptando medidas que protejan a las comunidades y a sus acreedores de estas insolvencias, Russell Bedford considera necesario incorporar mecanismos de control independientes del color político que gobierna en cada autonomía.

Russell Bedford Inernational es una red internacional de firmas independientes de auditoría/consultoría y asesoramiento legal/fiscal. Creada en el año 1983, cuenta con más de 5.000 profesionales y cerca de 460 socios en más de 80 países. En España está implantada desde hace más de una década y factura más de 8 millones de euros al año.