Hoy he ido al CAP (Centro de atención primaria) porque tenía hora con mi médico de cabecera. Le he explicado mis molestias, me ha auscultado y tomado la presión. Después me ha recetado unas pastillas y dado unos consejos. “Si no le pasa, vuelva a pedir hora”. No sé, ni me interesa, si el galeno es de derechas o de izquierdas, como tampoco sabe nada de mi ideología, de lo que sí estoy convencido es que ha hecho su trabajo de una manera profesional.

Cuento estas intimidades al conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada ley de amnistía, decretando la constitucionalidad del texto aprobado por las Cortes por seis votos a cuatro. Estoy convencido de que si no se hubiera renovado el tribunal, la sentencia hubiera tenido un resultado radicalmente diferente. Supongo que todos los partidos (especialmente los mayoritarios) tienen un gran interés en controlar los altos tribunales, bien sea por la puerta de atrás o por la de delante.

En este país no es extraño que el Constitucional recortara del Estatut de Catalunya unos artículos que nadie cuestionó en las reformas que se hicieron en otras autonomías, cuyos artículos están plenamente vigentes (inconstitucional en Catalunya, constitucional en el resto de España). O que la jueza Carmen Lamela mantuviera dos años en prisión preventiva a Sandro Rosell sin apenas hacer un trámite durante este periodo. En el juicio fue absuelto, pero la instructora fue premiada con un puesto en el Tribunal Supremo. Por no entrar en detalles de la instrucción y el posterior juicio con los independentistas catalanes por el referéndum, cuyo rigor en la instrucción es manifiestamente mejorable, y la sagacidad de Marchena para que el juicio transcurriera por determinados cauces fue de nota.

Como de nota es la resistencia del Tribunal Supremo para aplicar la amnistía a Carles Puigdemont por un supuesto delito de malversación por una peculiar interpretación de lo que es el enriquecimiento personal. Por no hablar de interesadas filtraciones de sumarios a unos medios muy concretos.

Son muchos los ejemplos que hacen dudar de la imparcialidad de la justicia y cuando determinados jueces hablan de que no se respeta la división de poderes, muchos interpretamos que lo que pretenden es mantener una situación de privilegio con una clara vocación de intervencionismo político. Y en esta clave se puede interpretar la dura oposición del sector conservador de la judicatura al proyecto de ley que pretende modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal

De muchos jueces conocemos si son progresistas o conservadores y curiosamente cada uno de estos sectores vota unido, sea cual sea la causa que juzgan, con lo que el sentido de la sentencia depende en buen grado de quien presida el tribunal.

No es extraño que me merezca más confianza mi médico que no los jueces de los altos tribunales.