El 18 de junio del 2006 los catalanes votaron la reforma del Estatut tras haber sido convenientemente “cepillado” (en palabras de Alfonso Guera) el texto propuesto por el Parlament. Aun así, el PP y un grupo de autonomías presentaron sendos recursos al Tribunal Constitucional, que cuatro años más tarde acabó de recortar drásticamente un texto declarando la inconstitucionalidad de 14 artículos, con lo que esta ley no la ha votado nadie… que no ha votado nadie.

Lo curioso del caso es que pese a los recursos cinco comunidades autónomas, muchas de ellas por aquello de no ser menos que los catalanes, no tardaron en modificar sus respectivos estatutos incluyendo en ellos las nuevas competencias que tenían los catalanes las incorporarían en esa ley, provocando que lo que es inconstitucional en Catalunya no lo es en el resto de España.

Pero cuando una comunidad recibe una competencia es para ejercerla y mejorar sus prestaciones, no sólo para hacer bonito, pero estos últimos meses comprobamos que su política de rebajar los impuestos les impide en hacer políticas preventivas, bien sea por inundaciones o por incendios y lo más curioso es que de la dejación que hacen de sus funciones pretenden responsabilizar a “papá estado” para que les saque las castañas del fuego.

Recortar impuestos significa no destinar partidas a limpiar los bosques, tener unos medios suficientes (tanto de personal como de recursos) para afrontar estas situaciones, para estudiar los cauces naturales de las corrientes fluviales y tomar las medidas preventivas, invertir en sanidad y educación, procurar que las empresas cumplan con sus empleados las normas para evitar accidentes, impedir la fraudulenta obra de mano barata gracias a los emigrantes y, sobre todo, cuando ocurra una desgracia estar en el timón del barco y cerca de los afectados, no para hacerse la foto si no para tratar de buscar soluciones.

Las competencias están para ejercerlas…