En el texto de la ponencia –cuyos autores son Luisa Fernanda Rudi, José Antonio Monago y José Manuel Soria– el PP se muestra partidario de una reforma fiscal integral “que modernice nuestro sistema tributario haciéndolo más equitativo, más eficiente y menos distorsionador de la actividad económica, es el objetivo a alcanzar en los próximos años”.

Sin embargo, añade “la actual situación de déficit incontrolado a la que nos ha llevado el gobierno socialista, obliga a que dicha reforma esté condicionada al cumplimiento de los objetivos de contención del déficit público adquiridos en el ámbito comunitario”.

El  PP mantiene por tanto sus planes de reforma fiscal pero siempre acompasadas de ese cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit y las medidas que incluirá serán entre  otras:

–Evaluación permanentemente de la adecuación de nuestro sistema tributario a los retos de competitividad de la economía global.

–Modernización del impuesto sobre la renta con el objetivo de favorecer el ahorro, la inversión y el empleo.

–Mejora de la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.

–Elevación de los mínimos familiares en el IRPF adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas.

–Mejora del tratamiento fiscal de los beneficios de la actividad económica reinvertidos en el propio proyecto empresarial para reforzar la capacidad de autofinanciación de nuestras empresas.

–Ampliación de la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20 por ciento y extensión del ámbito de aplicación del tipo del 25 por ciento.

–Modificación del régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas.

El PP apuesta también por intensificar la lucha contra el fraude. En este sentido señala que en materia fiscal deben de modernizarse los procedimientos tributarios, potenciando las funciones de investigación en profundidad y concentrando las actuaciones en los grandes focos de fraude fiscal; y adecuarse la legislación sancionadora a la actuación de tramas organizadas de defraudación, la utilización de paraísos fiscales y otros delitos complejos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.