No ha habido sorpresa. El juez Hurtado ha seguido viendo indicios y ha optado por abrir juicio oral al Fiscal General del Estrado, Álvaro García Ortíz, aunque no cree -como le han pedido algunas asociaciones de la judicatura- que sea necesario retirarle de sus funciones. Eso sí, le exige una fianza de 150.000 euros por responsabilidades pecuniarias.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
(Foto de archivo-Alberto Ortega / Europa Press)

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido -tres días después del año judicial y el consiguiente debate por la criticada presencia de García Orgíz-, abrir juicio oral contra el Fiscal General del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación por la supuesta filtración del correo electrónico enviado a la Fiscalía en febrero de 2024 por el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía al Ministerio Público un pacto que le librara de entrar en prisión.

Han pasado ya ocho meses, y el magistrado del Supremo ha tomado la decisión después de que la Sala de lo Penal confirmara, con algunos matices y con uno de los magistrados en contra, el procesamiento de Álvaro García Ortiz. La apertura de juicio oral, además de una fianza de 150.000 euros, incluye la negativa de Hurtado a que García Ortiz tenga que ser suspendido como Fiscal General del Estado, tal y como había pedido la acusación ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. No obstante, el juez Hurtado remite su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, resuelva lo que considere y le informe de la decisión adoptada.

No obstante, pese a mantenerle en sus funciones, el juez considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a García Ortiz, que será el primer Fiscal General del Estado que se siente en el banquillo, salvo que presente su dimisión antes de que empiece la vista oral. Hasta ahora, el jefe del Ministerio Público ha rechazado esta posibilidad y ha defendido su inocencia.

No procede el sobreseimiento

En el auto dictado este martes, el instructor defiende que “no concurre supuesto alguno por el que sea procedente algún tipo de sobreseimiento”, por lo que acusa formalmente a García Ortiz y acuerda la apertura de juicio oral por, “indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo”, recogido en el artículo 417 del Código Penal.

Y para hacer frente a posibles responsabilidades económicas que se puedan derivar, el magistrado ha decidido fijar como medida cautelar una fianza de 150.000 euros, “con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad”. Hurtado da un plazo de 10 días al abogado de García Ortiz para que presente su escrito de defensa, frente a las acusaciones ya formuladas.

El tribunal que juzgará a García Ortiz estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.

La ponente de aquella resolución, que se tomó por consenso tras un fuerte debate, fue la magistrada Polo, la única de los cinco que suscribieron el auto a la que se considera adscrita al sector progresista. A estos cinco se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, mientras que el séptimo componente se fijará cuando se dicte la apertura de juicio oral. Las fuentes consultadas señalan que previsiblemente serán Ana Ferrer o Javier Hernández, ambos considerados de sensibilidad progresista.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido que García Ortiz sea absuelto mientras que González Amador ha solicitado una condena de cuatro años de cárcel para él.