El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, no había lanzado su última amenaza. Se ha empeñado en que AENA le dé un trato preferente en sus tasas, y asegura que si durante la campaña de 2026 se mantiene la subida del 6,5% en las tasas a su compañía, entonces eliminará de su oferta otro millón de asientos en España que se sumarían a los 800.000 que ya había anunciado hace varias semanas.

Michael O’Leary, CEO de Ryanair
(Imagen de archivo)

El directivo irlandés ha concretado en una entrevista a Financial Times que el anuncio de ese nuevo recorte de asientos afectaría a Madrid y lo podría anunciar en las próximas semanas.

Ryanair, la aerolínea con mayor tráfico en España, ya había abandonado Valladolid y Jerez, y ha bajado su actividad en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias o Santander. Y este mismo mes ha confirmado el nuevo recorte de oferta para la temporada de invierno con el cierre de la base de Santiago, donde reduce un 80% su oferta, se va de Vigo, mantiene su salida de Jerez, Valladolid y ejecuta nuevos recortes en los aeropuertos canarios (sobre todo en Tenerife Norte), Santander, Asturias y Zaragoza.

El argumento para esta drástica reducción de la oferta de Ryanair, según su consejero delegado, es el coste que supone el incremento del 6,5% de las tasas de AENA. Sin embargo, desde el operador de infraestructuras aeroportuarias e incluso desde el Ministerio de Transportes se acusa a la compañía aérea de chantaje y de querer tener un trato preferente frente al resto de las compañías aéreas que operan en España.

Pero O’Leary insiste: “si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar”, al tiempo que pide al Gobierno a convencer a AENA para que congele sus tarifas. Por si fuera poco, Ryanair acusa al control aéreo de retrasos en sus operaciones.

O’Leary está en Bruselas intentando que se anule la multa que le ha impuesto España de 108 millones de euros por el cobro de la maleta de mano o las tarifas extras que cobra por reunir los asientos de menores y personas con discapacidad a la de los padres o acompañantes.

El Gobierno español insiste sobre la multa que seguirá defendiendo los derechos de los viajeros.