Las comunidades autónomas tendrán que remitir cada tres meses al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información de la evolución de la tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores, así como información de la ejecución de los planes de reestructuración del sector público, según acordó el Gobierno central con los responsables regionales en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Esta nuevo obligación autonómica figura en el informe que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, celebrado la reunión del CPFF en la que las autonomías dieron el visto bueno a las líneas generales que planteó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y los cambios de la Ley de Transparencia, que en breve aprobará el Gobierno.

Las comunidades también tendrán que remitir puntualmente la información que resulte necesaria para dar cumplimiento a la normativa de la Unión Europea y acompañarán sus presupuestos de la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional.

Además, los presupuestos recogerán información sobre necesidad de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados y obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.

Estas son algunas de las novedades que incluirá el Ejecutivo en la Ley de Transparencia, con el objetivo de mejorar la información que recibe el Estado de las comunidades y determinar así si pueden acogerse a las diversas medidas que implementará el Gobierno para mejorar la liquidez de los territorios.