Primero fue la dimisión de Antonio Costa en Portugal ante las denuncias de presunta corrupción de uno de sus ministros, afirmando que la mera sospecha era “incompatible con la dignidad del cargo”. Después el alemán Olaf Scholz. Y ahora ha sido François Bayrou en Francia sometiéndose a una moción de confianza que sabía iba a perder por no contar con el apoyo del Parlamento para aprobar su proyecto de Presupuestos que incluía un recorte de 44.000 millones de euros en el gasto de un país asfixiado por un déficit y deuda desbocados.

“Ustedes podrán derrocar a este gobierno, pero no pueden derrocar la realidad”, advirtió Bayrou a los diputados galos y dimitió en un ejemplo de vergüenza, responsabilidad política, sentido del Estado y respeto al cargo y a las instituciones. Consciente, además. de que en una democracia no se puede gobernar sin presupuestos y sin el Parlamento.

El asunto clave de Bayrou era la crisis de la deuda de Francia y la necesidad, en su opinión, de recortar el gasto del gobierno para evitar una catástrofe para las generaciones futuras. A principios de 2025, la deuda pública gala ascendía a 114% del Producto Interno Bruto, con un déficit presupuestario que a finales del año pasado se elevó al 5,8% del PIB con previsiones de entre el 5,4% y el 5,6% para el año en curso, muy por encima en ambos casos de lo exigido por Bruselas.

Cifras de crisis económica que derivan en una crisis política y social de la segunda economía de la UE que  puede contagiar al conjunto de la UE, al euro y a las bolsas. Sobre todo porque el primer motor de la economía europea, Alemania, también muestra síntomas de agarrotamiento. De hecho la Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha revisado a la baja el crecimiento del PIB germano en el segundo trimestre este año  del -0,1 % inicialmente estimado al  -0,3 % real que se explica por el empeoramiento del consumo privado y la inversión, junto al debilitamiento de la industria. Añadir a esto que la política arancelaria de Trump supone un factor más de desestabilización para la economía alemana, basada en buena medida en la exportación.

Un contexto de crisis de deuda y déficit  en países punteros de la UE que, como afirman destacados analistas se ha convertido “en el espejo del fracaso de un modelo económico en el que el Estado impulsado por una expansión gubernamental incontrolada adquiere un tamaño desmesurado que termina por lastrar la economía y la libertad individual” y que se mimetiza casi simétricamente aquí en la España  del sanchismo, donde la deuda pública española supera los 1,663 billones de euros, máximo histórico y creciendo.

Sólo durante los gobiernos de Sánchez, la deuda pública española ha aumentado en más de medio billón de euros y situando a España como el quinto país de la Unión Europea con mayor deuda pública bruta consolidada como porcentaje del PIB durante el primer trimestre de 2025. Sólo Grecia, Italia, Francia y Bélgica nos superan.

Cierto que pese a este crecimiento en cifras absolutas, en porcentaje del PIB nuestra deuda pública moderó su peso sobre el Producto Interior Bruto al 103,4%, 1,9 puntos porcentuales que  hace un año, pero se trata de una mejora aparente y engañosa porque está adulterada por la inflación y el crecimiento económico, dos factores que reducen el peso relativo en el pasivo. Aunque, como hemos reiterado en ocasiones, el crecimiento de la economía española está dopado por la llegada de los fondos europeos, el turismo y el desmesurado gasto público. Y la única y alarmante realidad es que España se encuentra más endeudada que antes en euros, al tiempo que el crecimiento del gasto no se traduce en una mejora del poder adquisitivo, la calidad de vida y los servicios de los ciudadanos. Pero para nuestra desgracia Sánchez ni es Costa ni es Bayrou.

Y no se dejen engañar por el hecho de que Standard & Poor’s haya mejorado el rating de España. Las agencias de riesgo no evalúan la situación de la economía de un país y una subida de la calificación sólo indica que el gobierno es obediente con el pago de los intereses de la deuda.