El comodín de la vivienda

08/10/2025

José María Triper.

Agotado el comodín de Franco, que ya no renta, y también el comodín de la extrema derecha, que  ya no asusta a tenor de las encuestas, Pedro Sánchez se saca ahora de la manga el comodín de Gaza y el comodín de la vivienda. Ninguno de lo dos le importan y sólo le interesan como cortinas de humo para tapar los numerosos escándalos de corrupción que le rodean y para utilizarlos como bandera electoral para atraer el voto de la izquierda radical, además de como aglutinante de unos socios de la Frankestein que empiezan a dar muestras de rebeldía y desapego.

En el caso de la vivienda, Sánchez ha reaparecido anunciando una nueva ayuda de hasta 30.000 euros dirigida a jóvenes menores de 35 años que opten por alquilar una vivienda de protección oficial con derecho a compra. Medida que se incluye dentro del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 y que busca fomentar el acceso a la vivienda para este colectivo, facilitando que lo pagado por alquiler se descuente del precio final si posteriormente se ejerce la opción de compra.

Lo que no dijo el Presidente, que como buen tahúr esconde las cartas que no le permiten jugar con ventaja, es que esta ayuda no estará exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que los jóvenes perceptores de esta ayuda deberán declarar el importe como ingreso en su próxima declaración de la renta, lo que afectaría su base imponible y, en algunos casos, incluso aumentando el tramo impositivo.

Eso, además de que la exigua construcción de viviendas de protección oficial es uno de los grandes retos de los gobiernos del sanchismo, así como la escasez de viviendas públicas que sólo representan el 2% del total. Recordar que  Sánchez sólo ha entregado 350 viviendas de protección oficial  de las 184.000 que prometió hace ahora dos años. Y siete años después de que llegara a La Moncloa, tanto él como su gobierno siguen sin entender que la crisis de la vivienda en España obedece a  tres causas fundamentales: la falta de oferta, el aumento de la demanda y la falta de solvencia de los demandantes que reduce sensiblemente la capacidad de hipotecarse.

Escollo este último que está directamente relacionado con la fiscalidad abusiva, la precariedad laboral la elevada tasa de desempleo juvenil, el estancamiento de la productividad, la baja capacidad de ahorro y el aumento de la pobreza en un país donde uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión.

Añadir a esto en el caso del alquiler la falta de seguridad jurídica de los propietarios ante la okupación o el impago de los inquilinos, además de la sobreprotección que la legislación desacertada y las políticas de los socios populistas del gobierno ejercen sobre quienes con actitudes delictivas que atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada.

Como hemos explicado en anteriores ocasiones lo que no entiende este gobierno, por fanatismo ideológico en unos casos y por estrategias electoralistas en otros y ajenos siempre al interés y a las necesidades de los ciudadanos, es que para dinamizar y abaratar el mercado de vivienda lo que realmente funciona es estimular la oferta. Se necesita liberar suelo urbanizable, rebajar la elevada fiscalidad y en el caso del alquiler, dar mayor seguridad jurídica eliminando la indefensión legal y formal del propietario ante impagos, ocupaciones y destrozos, además de eliminar o agilizar la burocracia. Factores todos ellos que encarecen tanto la creación de vivienda nueva como la venta o puesta en alquiler de viviendas ya construidas.

No es normal que se necesiten diez años para modificar un plan de ordenación urbana», resaltaba recientemente Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción, para añadir que » e inseguridad para los promotores inmobiliarios los problemas subsanables no deberían anular una planificación porque crea lentitud «.

Es imprescindible que los partidos políticos se pongan de acuerdo en una Ley del Suelo y que el gobierno de seguridad jurídica para que un defecto no anule la planificación urbanística. Eso y que alguien desde este gobierno nos explique por qué no se está construyendo más vivienda en un país donde se crean 220.000 hogares cada año y sólo se construyen 85.000 viviendas. Si es que puede, es que sabe o es que quiere.

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