Decía recientemente, y decía bien, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que con el PIB no se come. Y mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) disparaba en su última revisión la proyección de crecimiento del producto interior bruto  de España para este año en cuatro décimas, hasta el 2,9%, mejorando también en 0,2 puntos la del próximo, al 2%, la realidad social de la economía real dista mucho de aproximarse a los optimismos con agotamiento del poder adquisitivo y las rentas reales de las familias y la paralización o retirada de proyectos de inversión en unas empresas asfixiadas por un clima hostil al emprendimiento, una fiscalidad abusiva, el deterioro de la productividad y una inseguridad jurídica y una inestabilidad política crecientes.

Como venimos reiterando desde hace tiempo la economía española está inmersa en eso que los economistas definen como “recesión silenciosa”, con un crecimiento del PIB que está dopado por el desmesurado gasto público y la llegada de los fondos europeos, además de camuflada por las ganancias derivadas del aumento de la población generado por la inmigración, y no por una mejora de la productividad en el tejido empresarial.

Es por ello que si del PIB global pasamos a analizar el PIB per cápita, indicador que introduce el factor población en la ecuación y mide la riqueza por habitante, vemos que los datos publicados por la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat, correspondientes a 2024 sitúan el PIB per cápita de España en 32. 630 euros por habitante, un 25% por debajo de los 43.310 euros por habitante de media en la eurozona de 43.310 euros. Son 10.680 euros de diferencia. Esto significa que el país aún tiene un problema de productividad que empobrece a la población.

Mucho más reveladores son las proyecciones sobre la evolución a corto de nuestro PIB per cápita, que avanzan una subida del 1,6% en 2025 y apenas un 0,8% en 2026 lo que nos sitúa en el furgón de cola de la UE y de la OCDE en crecimiento real de la prosperidad de sus habitantes

Además, en el caso español, el avance previsto para el año que viene supondrá el menor en términos de renta per cápita desde antes de la pandemia y se produce en el contexto de una economía que sigue con la asignatura pendiente de cambiar el sistema productivo, basada en el turismo y en servicios de escaso valor añadido, mientras continúa declive de la industria cuya contribución al PIB, descontando la construcción, ha caído del 20% a sólo el 15%  y el Valor Añadido Bruto de nuestro sector industrial estaba a finales del pasado año un 1,1% por debajo del nivel prepandemia y un 6,7% por debajo del registrado en 2007.

Lejos también de nuestros socios europeos estamos en lo que hace a la productividad, un indicador clave para evaluar la salud económica de un país y en el que España está a la cola de Europa y de la OCDE.  El último informe del Ivie-Fundación BBVA, muestra que la productividad en el primer trimestre de este año está prácticamente estancada con un crecimiento de solo un 0,9% en comparación con el año anterior, lo que representa una disminución significativa respecto a crecimiento de 2024.

Situación que los economistas explican  por  la “peligrosa combinación de bajas tasas de empleo, falta de inversión e innovación en capital humano, barreras burocráticas, tamaño de las empresas y problemas de fondo de la estructura productiva”, es decir  todo lo que muchos llevamos desde hace tiempo denunciando en contraste con el adulterado triunfalismo económico del Gobierno

Esta es la realidad de la economía de un país que sigue liderando el desempleo de la UE con 3,5 millones de personas registradas que no están trabajando, donde hay 12, 7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y 4 millones en situación de pobreza severa, donde la cesta de la compra ha subido un 40% desde 2020 por lo que nuestro poder adquisitivo es hoy un 4,7% inferior a la media de la UE y la capacidad de compra de los hogares españoles un 5,6% inferior a la de 2008, con un esfuerzo fiscal un 17,8% superior a la media de nuestros socios europeos. Y el Gobierno camino de tres años sin presupuestos, con exministros y altos cargos cobrando en efectivo “lechugas, soles y chistorras”.