Por ello, la plantilla, integrada por 361 empleados, no descarta denunciar a los administradores concursales por el incumplimiento del acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado el pasado mes de julio, en el que se establecía un periodo de seis meses para materializar los pagos.

Tras mostrar su indignación por el retraso de los mismos, los trabajadores han reclamado un recargo del 4% por demora sobre el capital adeudado, al tiempo que han solicitado a la administración concursal el abono de un pago parcial antes del próximo 31 de enero.

Según las mismas fuentes, la administración concursal ha afirmado que no podrá afrontar el pago porque el dinero que se iba a destinar para ello, procedente de la venta de Cacaolat, no podrá hacerse efectivo por la interposición de un denuncia judicial por los dueños de los terrenos en los que se asienta la fábrica de la firma de batidos.

«Esta actitud demuestra la falta de seriedad, de respeto y de responsabilidad de la administración concursal, pues antepone los intereses especulativos de terceros a los legítimos derechos de los trabajadores, a quienes se les ha vuelto a engañar», señalaron las mismas fuentes.

En concreto, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha abonado ya a los trabajadores unos dos millones de euros de los tres millones que habían reclamado, correspondientes a la liquidación de las deudas de la empresa hasta el 31 de mayo.

A partir de esta fecha, la administración concursal de este caso se hacía responsable de unos pagos, que alcanzaban los doce millones de euros y que la plantilla aún no ha cobrado a punto de expirar el plazo pactado.