El fiscal general del Estado ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno. Álvaro García Ortiz ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que pide su cese al Consejo de Ministros. “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, explica en el escrito.

Álvaro García Ortíz
Foto: CONSEJO DE ESTADO

García Ortiz ha presentado su renuncia tras conocerse el pasado jueves el fallo del Tribunal Supremo, en el que le condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Aunque no se conocen todavía los motivos de la sentencia, el Alto Tribunal también ha hecho público que el fiscal general también deberá pagar una multa de 7.200 euros e indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que se encuentra pendiente de su procesamiento por fraude fiscal.

El fiscal general explica al ministro de Justicia en su carta que su decisión de renunciar al cargo «sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia» obedece a su «profundo respeto» a las resoluciones judiciales, junto con su voluntad de «proteger a la Fiscalía española».

«En mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”, destaca de su escrito.

Con esta solicitud, el Consejo de Ministros deberá decidir en su reunión de mañana, martes, y acepta esta renuncia para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Diferentes miembros del Gobierno ya han dicho que están trabajando en la búsqueda del sustituto de García Ortiz, quien podría permanecer en el cargo hasta que el Tribunal Supremo haga públicos los motivos del fallo por el que se considera que el Fiscal General del Estado ha revelado secretos sobre González Amador.

Como se puede ver en su carta, García Ortiz agradece “la confianza depositada» por el Gobierno, que le nombró para el cargo de fiscal general del Estado en junio de 2022. Convencido de su inocencia, no presentó su dimisión en todo el proceso judicial por entender que «era lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”.

Los siguientes pasos que debe dar el Gobierno

Una vez que el Consejo de Ministros acepte el cese de García Ortiz y se haya publicado en el BOE, el Ejecutivo debe nombrar a un nuevo fiscal general del Estado. Hasta el nombramiento del nuevo fiscal, sus funciones serán asumidas (previsiblemente) por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la cúpula fiscal, quien ejerció de fiscal durante el procesamiento de García Ortiz y pidió su absolución.

Según recoge El País en su página web, García Ortiz puede pedir su reingreso en la carrera fiscal, aunque el reglamento de la Fiscalía también deja en el aire el futuro de García Ortiz. Además, todo dependerá de los argumentos del fallo del Tribunal Supremo, por lo que hasta podría ser expulsado de la carrera fiscal en el caso de que «recaiga un delito doloso», como es el que le ha atribuido el Supremo. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal también deja abierta la puerta a que el fiscal general que sustituya a García Ortiz puede decidir en vez de su expulsión, la «suspensión» según la «entidad» del delito cometido, sin olvidar que el Supremo solo le ha inhabilitado como Fiscal General del Estado.