
Foto: BBVA
Pese a los negacionistas, el cambio climático existe y cada vez se manifiesta más profundamente y con efectos devastadores. Las catástrofes son tantas que España necesitará invertir 104.000 millones de euros a lo largo de los próximos 10 años, esto es, 10.400 millones cada año, para afrontar las demandas de agua por las sucesivas sequías y hacer frente a la devastación de las inundaciones.
Esta es la principal conclusión del informe ‘Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España’, en unas jornadas tituladas ‘Agua y Futuro: Hoja de ruta para España’, organizadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) durante la presentación, junto con Typsa.
El citado informe concreta que para combatir los efectos de la sequía se necesitan 84.644 millones de euros, de los que 59.183 millones se destinan a infraestructuras del ciclo urbano del agua en cumplimiento de las directivas europeas de abastecimiento y saneamiento y alcanzar tasas mínimas de renovación del 1% anual. Otros 10.933 millones se dedican a la ampliación de inversiones en desalación y reutilización (sobre todo en las cuentas mediterráneas); otros 7.647 millones van a nuevos trasvases o presas; otros 4.112 millones a cumplir los objetivos medioambientales en el Dominio Público Hidráulico; y los 2.769 millones restantes se destinan al conocimiento y monitorización del ciclo del agua.
El informe también incluye los 19.180 millones de euros que se destinan a reducir el riesgo de inundación y mejorar la resiliencia hídrica: 9.443 millones en sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), tanques de tormenta, infraestructuras de laminación y monitorización de sistemas de saneamiento. Y 4.644 millones en adecuación y modernización de presas existentes; 3.550 millones en medidas estructurales para reducir el riesgo de inundación; y 1.542 en infraestructuras verdes destinadas a conservación de cauces y litoral, restauración hidrológica forestal y restauración fluvial.
La conclusión para el presidente de Seopan, Julián Núñez, es que «la catástrofe causada por la dana de octubre de 2024 ha subrayado la urgencia de un enfoque integral sobre la planificación, ejecución y financiación de infraestructuras hidráulicas. Además, nuestro país afronta sequías cada vez más frecuentes que afectan a palancas clave de nuestra competitividad como la agricultura, ganadería y turismo y a las nuevas demandas de agua en la economía global, como la industria de la transformación digital y la industria verde basada en el hidrógeno».
Las cuencas mediterráneas son las que tienen mayor riesgo de inundación
Por lo que respecta a las zonas más afectadas por el cambio climático, el informe concreta que en España hay 2,7 millones de personas que residen en zonas inundables, con más de 473.000 en áreas de alto riesgo, teniendo asimismo 25.000 kilómetros de ríos y litoral clasificados como zonas inundables. Y ya concretando inversión para las actuaciones no previstas en los planes hidrológicos, el informe la cifra en 4.052 millones en las Cuencas Mediterráneas.
Para más concreción, si cabe, el informe recomienda realizar nuevas presas o alternativa similar a las de Villamarchante (120 millones) en el Bajo Turia, Estubeny (80 millones) y el Marquesado (80 millones) en el Bajo Júcar y afluentes, una nueva presa del Buseo en el río Reatillo y anticipar la presa de Montesa (100 millones) prevista en el próximo ciclo hidrológico.
Asimismo, el Ministerio de Transición Ecológica deberá realizar obras en la cuenca del barranco del Poyo, el Pla de Quart y los barrancos de Saleta, Pozalet y Massanassa, con 424 millones de euros de inversión estimada.
Pero antes que nada, el informe califica de «urgente» la necesidad de fijar un marco financiero específico para la ejecución de los planes hidrológicos y de riesgo de inundaciones, actualmente inexistente.
El reparto de competencias hace ineficaz la gestión
Otra de las cuestiones que llama la atención del informe es la referencia que se hace a la que denomina «fragmentación competencial y la falta de una gobernanza homogénea», que los que han elaborado el informe consideran que ha ocasionado «ineficiencias en la gestión con diferencias notables entre territorios y una carencia generalizada de planificación inversora».
Esta fragmentación competencias se encuentra, por ejemplo, en que las infraestructuras hidráulicas están sujetas a una planificación hidrológica europea, derivada de la Directiva Marco del Agua del año 2000, que obliga a elaborar planes hidrológicos y de prevención del riesgo de inundación cada seis años. Y en la actualidad, en España están en vigor los Planes Hidrológicos de tercer ciclo y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo (2022-2027), con programas de medidas dotados con 37.938 y 3.312 millones de euros, respectivamente.
Pero la coordinación entre ambos instrumentos, se explica en el informe, es «limitada» y la ejecución de las inversiones es «muy baja»: en el último ciclo, los Planes Hidrológicos de Cuenca no alcanzaron el 30% de ejecución.
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