No ha sido solo el FMI quien ha señalado que la economía española caerá con fuerza en este año sino también el propio Banco de España, quien en su último boletín económico, hace una previsión de caída del PIB del 1,5% en 2012 y un ligero crecimiento, apenas tres décimas, en el próximo ejercicio.

Con estas perspectivas, alcanzar el objetivo de reducción del déficit público desde los niveles en que haya acabado terminando 2011 (algo que se sabrá en torno a marzo finalmente) hasta el 4,4% del PIB a fínalas de este año, se hace aún más duro de lo que se había previsto no solo hace un año sino incluso cuando el nuevo Gobierno anunció su primer ajuste. Por eso la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría dijo aquello de que lo decidido entonces  “era el inicio del inicio”.

Es evidente que el Gobierno actual, al anunciar el paquete de medidas de ahorro de gastos y de subida de impuestos, ya sabía dos cosas: que el crecimiento económico de 2011 no iba a ser el que el Gobierno anterior había mantenido prácticamente hasta el final de su mandato y que, naturalmente el de 2012 no se acercaría ni de lejos al dibujado en el verano pasado. Sabía que en 2012 se continuaría en recesión y que sus medidas de finales de diciembre no harían sino ahondar en esa caída al reducir gasto público y detraer renta disponible de las familias, mediante la subida de impuestos y la congelación salarial a los empleados del sector público, para reducir su déficit.

Para cubrirse, el nuevo Gobierno se ha negado desde el principio a hacer sus propios cálculos sobre la evolución de la economía española en este año argumentando que se basarán en las de la Comisión Europea para hacer su propuesta de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma creen que podrán argumentar ante los ciudadanos que como la situación económica será peor de la anunciada la necesidad del ajuste será más necesaria que nunca… a menos que Europa entienda que hay que relajar la lucha contra el déficit aplazando el cumplimiento de llegar al 3% un par de años.

Es algo que Cristóbal Montoro, junto con algunos dirigentes del PP como Javier Arenas y con el asesor especial de Mariano Rajoy, Pedro Arriola, viene defendiendo desde hace tiempo en contraposición a lo que defendía Luis de Guindos de hacer los ajustes necesarios para cu8mplir con los compromisos. Hay dos formas de llegar a la misma meta: corriendo más deprisa o haciéndolo más pausado. Es cuestión de gradualismo.

El presidente del Gobierno se comprometió, en diciembre, a llegar en 2012 al 4,4% de déficit y por ello puso en marcha el plan de ajuste, subiendo de forma importante el IRPF y los impuestos sobre rendimientos del capital, en clara contradicción con su programa electoral. Además de una reducción del gasto público con medidas como la congelación salarial a los empleados públicos.

Pero se sabe desde el principio que este ajuste es insuficiente y que habrá que hacer otro con los nuevos presupuestos. Y el dilema ahí vuelve a ser el mismo: o se reducen aun más los gastos o se vuelven a subir los impuestos. O se intenta la tercera vía: conseguir un alargamiento en el plazo de cumplimiento de los compromisos. Precisamente lo que venía pidiendo el candidato socialista en la campaña electoral y que fue combatido por quien ahora lo defiende dentro del Gobierno.

Una nueva subida de impuestos es absolutamente necesaria si se quiere llegar a bajar hasta el 4,4% el déficit a finales de 2012. Y se pueden tocar los especiales sobre los carburantes, el tabaco y las bebidas alcohólicas. Pero su impacto recaudatorio es pequeño para lo que se precisa recaudar. Por eso el único impuesto a subir, una vez que ya se ha hecho en el IRPF, es el IVA. Algo a lo que se niega Montoro, que no deja de decir que no se subirá, pero a lo que Mariano Rajoy se opone con mucha menos intensidad que su ministro de Hacienda.

Subir el IVA sería un nuevo varapalo a Cristóbal Montoro que siempre ha defendido justo lo contrario: que a impuestos menores se genera más actividad y aumenta la recaudación global. Por eso ha empezado a pedir que haya más flexibilidad en el cumplimiento de la ortodoxia financiera, algo que también ha defendido con ardor desde siempre pero a lo que es evidente que prefiere renunciar temporalmente antes que subir impuestos.

La cuestión está en saber si el Gobierno en pleno quiere proponer a Bruselas esa flexibilización o no y, sobre todo, si la Unión Europea, Alemania y los mercados están dispuestos a aceptar que hay que dar más tiempo a todos los países a arreglar sus desequilibrios fiscales.