El Gobierno sigue con su cruzada contra los pisos turísticos ilegales. El problema de la vivienda, primero de la lista en las preocupaciones de los españoles, choca frontalmente contra las viviendas turísticas, que están elevando los precios del alquiler y reduciendo el número de pisos en alquiler para contratos largos, los que necesitan los ciudadanos de cada ciudad, no los que vienen a visitarla. De ahí que el Ministerio de Consumo acabe de multar con 64 millones de euros a la plataforma online Airbnb por anunciar viviendas sin licencia.

Foto: FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha confirmado que la resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.

El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta.

Bustinduy ha declarado que «hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», y ha subrayado que «ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley».

Las infracciones de la normativa de consumo –identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución– han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, según recoge la web de Europa Press.

En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.

Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale «a seis veces el beneficio ilícito» obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.

Se incumple el régimen de contratos a distancia

El Ministerio también ha identificado una infracción por incumplimiento del régimen y obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, ha señalado la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de Consumo, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Por último, se ha apuntado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor –dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente–, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.

También expedientas las agencias inmobiliarias

En el ámbito de la vivienda, el Ministerio ha recordado que mantiene distintos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión del alquiler.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país.

El ministro Pablo Bustinduy, ha destacado la multa a Airbnb como la segunda mayor tras la impuesta a Ryanair de 108 millones de euros.

«Esta intervención supone la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España, después de la sanción de 108 millones de euros impuesta a la multinacional Airbnb», ha manifestado el titular del ramo en rueda de prensa este lunes para explicar la sanción de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por anunciar pisos turísticos que no tienen licencia.

«Vamos a seguir actuando con total determinación y lo de hoy es muestra de ello», ha añadido.