Desde la irrupción de Donald Trump a la Casa Blanca muchos países democráticos se han contagiado con su fiebre represiva, y no sólo aquellos países que históricamente se han pasado por el forro todo lo referente a los derechos humanos sino aquellos que hacían bandera no sólo de respetarlos, sino también luchar por hacerlos respetar, especialmente los países de la vieja Europa.
Aquí también la lucha contra la inmigración irregular en muchos casos se producen excesos policiales o gubernamentales (“teníamos un problema y lo hemos resuelto” dijo hace ocho años Aznar ante la deportación ilegal de unos emigrantes) tanto en su persecución como en el trato que reciben en el momento de su detención, en los centros de internamiento o en la rapidez que en algunos casos se producen las deportaciones. En muchos casos se actúa con contundencia en base a una interpretación muy laxa de los derechos de los afectados y con un menosprecio olímpico de los derechos de los afectados y las quejas que formulan las organizaciones sociales que velan por los derechos de los detenidos. Esto no sólo pasa en España, también en Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania… y esto sucede con un apoyo cada vez mayor por parte de una sociedad que se ha contagiado con los postulados de determinadas fuerzas políticas.
Paralelamente en la sociedad han aflorado actitudes racistas, que van desde una evidente marginación social hasta en el problema del día a día en la vida de estos colectivos, como es la dificultad de encontrar un empleo (por mucho que tengan regularizada su situación) o en acceder a las viviendas de alquiler, por no hablar de actitudes de rechazo cada vez contundentes y en que rara vez son denunciadas por los medios de comunicación en contraste con la magnificación que hacen delos pequeños incidentes que protagonizan estos colectivos.
También vemos cómo se van recortando sigilosamente los derechos de los ciudadanos. Cada vez va en aumento de la represión de las protestas por muy pacíficas que sean y son más contundentes y desproporcionadas en aquellas que no lo son tanto, como la multiplicación de denuncias contra los manifestantes amparadas en una ley mordaza que da credibilidad a las discutibles versiones policiales.
Parece que la idea de la democracia y de las libertades que tiene Donald Trump se va contagiando y la diferencia de los derechos humanos cada vez tiene menos partidarios, primero afecta a los emigrantes para extenderse rápidamente a otros colectivos para acabar afectando a todo el mundo sin que apenas nos demos cuenta.
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