Plano general del hemiciclo
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En lo que va de legislatura pocas veces se ha producido un consenso en torno a una ley, y la que va a regular la multirreincidencia de delitos, es la que más se ha acercado. Solo le ha faltado los votos de los diputados de los socios de izquierdas del PSOE, encabezados por Sumar. La iniciativa, presentada por Junts, ha logrado el respaldo de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN. Y va a suponer una reforma penal para incrementar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias del partido presidido por Carles Puigdemont al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes.

Al voto negativo de Sumar también se han sumado los diputados de Bildu, Podemos, BNG y Compromís. Y también se ha producido una abstención, la de ERC, que ha pedido un aumento de la plantilla de jueces para Cataluña.

La diputada de Junts, Marta Madrenas, ha defendido la iniciativa presentada por su partido porque la norma «nace del territorio, no de los despachos», y llega «muy tarde» tras «bloqueos y dilaciones». Pese a todas estas dificultades, ha asegurado que la ley «ataca la impunidad» y es «una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil» para jueces, fiscales, policías.

Por parte del PP, Cuca Gamarra, tras criticar el «secuestro» de la ley durante mucho tiempo , ha considerado que el «pequeño delito repetido ya no es pequeño cuando se reincide». Además, ha asegurado que «reincidir en España ya no sale gratis» y que «el delito no puede ser rentable». «España se viene a trabajar y el que venga a delinquir a su país», ha apuntado.

Para socialista Francisco Aranda ha tachado de «muy peligroso» el discurso de «equiparar inmigración con delincuencia» es «un discurso muy peligroso». Y ha defendido que el Gobierno actúa «desde la óptica de un Gobierno de izquierdas», «sin fiarlo todo al punitivismo».

Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, ha calificado la reforma de «necesaria, pero no suficiente», y ha celebrado que «la realidad acaba imponiéndose». «No estamos ante una abstracción jurídica –ha insistido–. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso», según recoge la web de Europa Press.

Y en nombre del PNV, Mikel Legarda, considera que con esta ley se busca dar respuesta a la multirreincidencia en hurtos y estafas porque la ley actual «resulta ineficaz» y generaba la percepción de que «por una puerta entra y por otra salen».

Sumar critica que solo se emplea la «mano dura con los débiles»

Los argumento de los principales partidos de la Cámara Baja (por mayor número de diputados) no han convencido a los partidos de izquierda, socios del Gobierno. Así, el portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, ha rechazado que se endurezcan penas para «delincuentes de poca monta, mientras hay impunidad con los fuertes» y ha advertido de que «solo sirve para fortalecer a la ultraderecha». También Podemos ha calificado la reforma de «populismo punitivo».

En términos parecidos se ha expresado el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, quien considera que el aumento de penas «es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención» y aplicada en delitos leves «no sirve para nada».

Y la diputada de ERC Pilar Vallugera ha anunciado su abstención tras el pacto con el Gobierno para aumentar la planta judicial con 180 nuevos jueces para Cataluña. Pero ha señalado que «la realidad no se cambia a golpe de Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil» y ha criticado una «Administración de justicia incapaz de dar respuesta en tiempo y en forma».

Una ley que ha tardado dos años en aprobarse

Junts registró esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que, por fin, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación porque los socios a la izquierda del Gobierno se habían mostrado disconformes con la misma, segú recuerda la web de Europa Press.

Pero la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa, que ahora sale aprobada del Congreso con destino al Senado para completar su tramitación.

En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

Y se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro». Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas».

Por último, mediante una enmienda ‘in voce’ acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado ‘petaqueo’ que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.