Todas las autoridades económicas de todos los organismos nacionales e internacionales, y también todos los gobiernos -incluyendo el nuestro, aunque ni le urge ni le pone remedio- son conscientes de que la consecuencia inmediata y más dañina de las economías en conflicto bélico es una escalada incontrolada y generalizada de los precios. Y no hace falta ser un especialista en economía para saber que cuando suben los precios del petróleo, del gas y de la energía en su conjunto suben los precios de prácticamente la totalidad de los bienes servicios. Es la inflación de guerra.

En este contexto hay quienes ya anticipan una subida de los tipos de interés para contener el crecimiento de los precios, nada descartable en los momentos actuales, que, si funciona en situaciones de normalidad, puede ser no sólo contraproducente sino decisivamente adversa en una coyuntura de conflicto armado. La subida de los intereses funciona cuando actúa como freno del consumo, pero la inflación que estamos padeciendo como consecuencia de la guerra de Irán, y que amenaza con continuar e incrementarse, es una inflación de oferta.

Es decir, los precios no suben por un crecimiento del consumo, al contrario. Los precios suben porque sube los costes de producción y de transporte y en este contexto aumentar los tipos de interés sólo contribuye a acentuar aún más la contracción del consumo y la inversión derivados de la deriva inflacionaria y de la incertidumbre ocasionando una recesión e incluso el colapso de la economía.

Lo aconsejable y conveniente en circunstancias como los actuales es fomentar la actividad económica contrarrestando el aumento de los precios con medidas fiscales y de apoyo a las empresas y familias que contribuyan a frenar la progresión de los costes para evitar que las subidas se trasladen al consumo. La propia Comisión Europea ha pedido ya a los Estados miembros reducir los impuestos de la electricidad al mínimo legal para aliviar la factura de los hogares y la industria, además de impulsar inversiones superiores a 900 millones de euros en redes, renovables y energía nuclear.

Todo lo contrario de lo que ocurre aquí y ahora donde el gobierno del sanchismo, que como viene haciendo desde el inicio de la actual legislatura, no sólo no comparte ni colabora con las decisiones de nuestros socios y aliados, sino que, junto al húngaro y prorruso Viktor Urban, se han convertido en un problema para Europa y para el conjunto de las democracias occidentales.

Medidas como rebajar la fiscalidad sobre los carburantes cuando más de la mitad del precio final de las gasolinas y gasóleos son impuestos, reducir o eliminar el gravamen de generación eléctrica o deflactar la inflación se antojan soluciones necesarias y sensatas en situaciones de inflación de oferta, vengan de donde vengan y propuestas por quien las propongan, máxime para un gobierno que presume de social. Otros de nuestros socios en la UE como Francia, Italia, Polonia, Irlanda o Portugal ya han aprobado rebajas fiscales o subvenciones a los carburantes, mientras aquí el gobierno se limita a repetir el farisaico “no a la guerra” y alentando su política confiscatoria.

Imbuido de su fiebre de voracidad recaudatoria y a pesar de los continuos máximos históricos en la recaudación de Hacienda, bajar impuestos no está su ADN y saben que manteniendo la fiscalidad cuanto más suben los precios más recaudan ellos -la subida de los combustibles eleva la recaudación en más de 100 millones al mes- mientras perjudican mayoritariamente a las clases más desfavorecidas de la sociedad, para luego inventarse alguna limosna en forma de subvención que les genere votos cautivos en vísperas electorales.

Y mientras ellos siguen recaudando y esquilmando los bolsillos de empresas, trabajadores y pensionistas los españoles somos cada día más pobres y tenemos los peores servicios de la historia. ¿A dónde va nuestro dinero?