“Sólo aciertan cuando rectifican”, es la frase que acuñó Manuel Fraga Iribarne, cuando era líder de la oposición  a los gobiernos de Felipe González para intentar descalificar lo que consideraba  bandazos del Ejecutivo socialista que gozaba de mayoría absoluta en las Cortes. Frase que puede servir ahora para calificar el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno, pero con una sensible y muy relevante diferencia los gobiernos de Felipe González acertaron mucho y bien rectificando y sin rectificar, mientras que el gobierno del sanchismo no acierta ni siquiera cuando rectifica.

Algo que ocurre también con este decreto anticrisis que, por cierto, es casi un corta y pega del plan propuesto por el Partido Popular justo al inicio de la guerra y que además llega tarde e incompleto. Tarde porque durante estas tres semanas en las que el Gobierno ha estado mareando la perdiz bajo el pretexto de consultas la recaudación de Hacienda por el aumento de los precios energéticos ha engordado exponencialmente. De hecho la guerra en Irán ha provocado un aumento del coste de repostar los vehículos y un mayor ingreso para el Estado por los impuestos sobre el combustible que algunas estimaciones cifran en 100 millones en este primer mes de conflicto.

E incompleto porque ese decreto no incluye la deflactación del IRPF, tanto de la tarifa como de todas las desgravaciones del impuesto expresadas en euros, para corregir el problema de la progresividad en frío. Una medida que si incluía la propuesta del PP y que los hogares esperan desde hace años, con la crisis inflacionista de 2022, y que el Gobierno se resiste a aplicar.

Como recuerda mi compañero y amigo Juan Berga, los crecimientos de IRPF por no deflactación ha supuesto desde la pandemia 9.000 millones. Casi el doble de esos 5.000 millones que Sánchez y su loroparque ministerial nos vende como política social, pero que en realidad es sólo una mínima parte de lo que nos han quitado antes con su política fiscal confiscatoria y abusiva.

Un decreto anticrisis de “retales, chapuza y pastiche”, que cantara Luis Eduardo Aute, y que además viene aderezado por la farsa de Yolanda Díaz y demás ministros coaligados de la izquierda antidemocrática, plantando al Consejo de Ministros si no se aprobaba su propuesta intervencionista de congelación de los alquileres y moratoria de desahucios. Una expropiación encubierta que atenta contra el derecho constitucional a la propiedad privada

Plante de los ministros de SUMAR que sólo es una pose hipócrita y de nula credibilidad porque tanto ellos como Sánchez sabe que las posibilidades de aprobación esas medidas de vivienda en el Congreso son prácticamente inexistentes por la oposición de Junts y el PNV, además del PP y Vox. Al tiempo que para ser creíble y si de verdad respondiera a convicciones profundas y voluntad social lo que tendrían que haber hecho es dimitir y marcharse del Gobierno. Pero a ellos sólo les interesa el postureo para acallar la contestación interna y seguir pisando moqueta, disfrutando de coche oficial, viajes pagados a la ceremonia de los Oscar y seguir disfrutando de sueldos y prebendas que ni imaginaron, todo a costa del contribuyente.

Control de alquileres que paradójicamente se produce justo cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a España que elimine el tope a los alquileres por perjudicar la oferta. Y cuando la intervención del alquiler ha hundido los contratos y ha disparado los precios en todos los lugares donde se ha aplicado. Ejemplo paradigmático es Cataluña donde últimos datos de la Generalitat de Catalunya muestran que la firma de  contratos de alquiler han caído un 13,1% respecto a los últimos tres meses de 2023, que fue el último trimestre completo antes de entrar en vigor el tope de las rentas. Mientras que el precio medio del alquiler en el conjunto de la comunidad autónoma se situó en 854,70 euros al mes con una subida del 3,8% y el segundo precio más alto de la serie histórica.

Como diría don Jacinto Benavente, estos son los intereses creados y “he aquí el tinglado de la antigua farsa”.