Escuchaba a Pedro Sánchez hablar del “lado bueno de la historia junto al dictador chino Xi Jimping, con sus manidas alusiones a la legalidad internacional cuando no pude menos de preguntar y preguntarme si hay alguna guerra legal y qué entienden el todavía presidente del gobierno y sus monaguillos por legalidad internacional. Porque, es acaso legalidad internacional financiar y fomentar grupos terroristas como Hamás o Hizbollah para acabar con la única democracia de Oriente Medio. Es legalidad internacional asesinar a decenas de miles de opositores iraníes por pedir justicia y libertad, o someter y esclavizar a las mujeres, o colgar de grúas a los homosexuales, como hace el régimen teocrático de los Ayatolás. Y es, acaso, legalidad internacional la carencia de derechos humanos en la China que tanto gusta a nuestro autócrata de La Moncloa.

Y no se trata aquí de justificar la histeria belicista de Trump, pero sí de denunciar que antes de erigirse en el vocero de la legalidad internacional, hay que defender y respetar la legalidad nacional y la moralidad política, personal y democrática. Porque no parece que sea un respeto a la legalidad y a la moralidad humillar a las víctimas del terrorismo, como hace el gobierno del sanchismo excarcelando a etarras y concediendo el régimen de semilibertad a una multiasesina como Soledad Iparraguirre, alias Anboto, implicada en 14 asesinatos por los que fue condenada a casi 800 años de prisión de los que en España apenas ha cumplido seis.

No parece legal ni moral llevar tres años incumpliendo el mandato constitucional de presentar en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado, ni despreciar la democracia y al Estado comprando los votos de delincuentes condenados, golpistas y herederos de los terroristas para mantenerse en La Moncloa. O tener como estrechos colaboradores a denunciados por acoso sexual mientras se presume de ser el gobierno más feminista de la historia, o a tener procesados y presuntos implicados en delitos de corrupción a exministros y a su entorno político y familiar, ni estar investigado por presunta financiación ilegal de su partido.

Tampoco tiene visos de legalidad ni de moralidad el tener conexiones sospechosas con la dictadura venezolana de Maduro, traicionar al Frente Polisario entregando a Marruecos el Sahara Occidental, colonizar las instituciones del Estado, el desprecio al Parlamento, cesar de forma dictatorial a presidentes de empresas sistémicas como Telefónica para colocar a colaboradores obedientes, o presentar como candidata a la Junta de Andalucía a su número dos en el Consejo de Ministros, cuando ha sido la responsable de una política fiscal confiscatoria con la mayor subida de impuestos de la historia para tener los peores servicios de la historia, además de privilegiar a Cataluña en perjuicio del resto de comunidades españolas, y que ahora tiene a su exnúmero tres en Hacienda, José Antonio Marco Sanjuán, investigado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por cobrar mordidas a cambio de archivar pleitos fiscales.

Unas elecciones autonómicas que estaban en el trasfondo de una comparecencia en el Congreso programada para debatir sobre la guerra de Irán y las medidas anticrisis y que el “pacifista” Sánchez convirtió en el aldabonazo de salida de la precampaña andaluza, avivando aún más el enfrentamiento, el frentismo y la polarización, mientras en el gobierno y el PSOE sienten cada vez más cerca el aliento del sorpasso de Vox.

Y unas medidas anticrisis que, como decíamos recientemente, llega tarde e incompleto. Tarde porque durante estas tres semanas en las que el Gobierno ha tardado en alumbrar Hacienda ha ingresado 10 millones de euros extra cada día, e incompleto porque ese decreto no incluye la deflactación del IRPF para corregir el problema de la progresividad en frío. Una medida que si incluía la propuesta del PP y que los hogares esperan desde hace años, con la crisis inflacionista de 2022, y que el Gobierno se resiste a aplicar.

Porque a Sánchez la guerra y las medidas anticrisis le importan lo mismo que las víctimas de la represión de los Ayatolás, las mujeres iraníes, el bienestar y los servicios de los españoles, España e incluso el PSOE. Nada. Absolutamente nada.

Como me definía a Sánchez un destacado parlamentario socialista tras las primarias de 2017, “no tiene proyecto, no tiene programa, sólo tiene ambición. Es capaz de vender a su padre, vender el partido y vender España para conseguir sus ambiciones”. Amén.