Mientras Madrid asistía a homenajes multitudinarios a la Premio Nobel de la Paz, Corina Machado, líder de la oposición democrática a la dictadura de Chaves y Maduro en Venezuela, Barcelona acogía el espectáculo de impostura de una autodenominada “cumbre progresista” que reunía a los más sobresalientes representantes de la izquierda populista y autocrática, contrarios al modelo democrático, las libertades y los valores de occidente, doctrinarios del partido único y enemigos de la separación de poderes y la independencia judicial.

La teoría política define el progresismo como una doctrina política y social orientada hacia el desarrollo de un estado de bienestar, la defensa de los derechos civiles, la participación ciudadana y cierta redistribución de la riqueza, además de reformista, protectora de la libertad del individuo y de mayores progresos socioculturales.

Pues, bien, en este país, resulta que se agrupan y se autodefinen como progresistas los podemitas y demás socios de SUMAR, amigos de Putin y correligionarios de los dictadores bananeros de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los apologistas de un presidente condenado por corrupción y lavado de dinero como Lula en Brasil. Los nacionalistas catalanes condenados por el intento de golpe de Estado y por malversación. Los herederos y cómplices de la banda terrorista ETA que asesinó a más de 850 ciudadanos españoles.

A los supremacistas que discriminan a los ciudadanos según su lugar de origen, su lengua, religión o ideología, y los que fomentan una reforma educativa asamblearia y de adoctrinamiento. A la China de Xi Jinping y al régimen de los ayatolás que asesina y reprime con violencia a los ciudadanos iraníes.

Progresistas se consideran también los partidos que quieren acabar con la economía de mercado para sustituirla por un sistema colectivista. Los que intentan acabar con la propiedad privada, defienden la nacionalización de empresas y sectores, la intervención en actividades reguladas y la okupación. Los que promueven subidas de impuestos indiscriminadas. Los que derrochan el dinero público en subsidios y compra de votos de determinados colectivos en lugar de fomentar la riqueza y el empleo.

Los que falsean las cifras de paro y las estadísticas mientras engordan el sector público de funcionarios en lugar de crear puestos de trabajo productivos. Los que colonizan las instituciones democráticas, atacan la independencia de los jueces y quieren acabar con la libertad de prensa y la división de poderes enterrando a Montesquieu. Los que defienden y provocan la intolerancia y el frentismo frente al diálogo y la convivencia. Y los que se apoyan en todos ellos para conseguir o mantenerse en el poder.

En definitiva, se apandillan como progresistas todos los enemigos de la democracia y libertad, gobernantes que aprovechan las instituciones para consolidarse en el poder y enriquecerse ilegalmente, utilizando discursos populistas y prácticas de clientelismo.

Prostitución y falsedad del progresismo en la que incurren también, por seguidismo o ignorancia, muchos periodistas y la mayoría de los medios de comunicación cuando hablan de bloque progresista, partidos progresistas o jueces progresistas y los identifican borreguilmente con esa izquierda populista y reaccionaria. Toda una falta de sensibilidad y rigor profesional en la que incurren desde la prensa escrita y desde los medios audiovisuales que entran habitualmente al trapo de la patraña por mimetismo unos y otros por servicio a intereses partidistas o de militancia especialmente desde la televisión pública donde se constata un alarmante deterioro de la calidad de los informativos.

Como decía el político y diplomático británico, Lord Ponsonby, “la verdad es la primera víctima en una guerra, aludiendo a la manipulación de la información en los conflictos bélicos y como constatación de que la verdad suele ser la primera víctima de la propaganda y la desinformación.