Se veía venir, aunque no por ello deja de ser impactante y preocupante.  El juez de la Audiencia Nacional Jose Luis Calama citaba a José Luis Rodríguez Zapatero como imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertinencia a organización criminal en el marco de las investigaciones de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, con mayoría de capital venezolano, y con derivaciones en operaciones presuntamente delictivas en petróleo, oro y bolsas de comida.

Zapatero se convierte así en el primer expresidente del gobierno español investigado por corrupción en la historia de la democracia y, respetando siempre la presunción de inocencia, se enfrenta ahora a un horizonte penal de entre seis y nueve años de cárcel, que es la pena que el Código Penal impone al delito de blanqueo de capitales agravado, término que se aplica cuando los bienes blanqueados proceden de delitos relacionados con el tráfico de drogas, cohecho, malversación, fraude fiscal y tráfico de influencias.

Pero tan grave, o más, que la situación procesal y judicial es la trascendencia política y sus consecuencias para Pedro Sánchez, el gobierno y el partido socialista, posiblemente más perjudiciales y comprometidas que los casos de Begoña, Ábalos o el hermanísimo. No en vano Rodríguez Zapatero es el padre putativo de Sánchez y el referente del sanchismo, con un papel principal en las campañas electorales como en el caso reciente de los comicios andaluces. Con Zapatero empezó la política de enfrentamiento y división entre los españoles, la radicalización del PSOE abandonando la socialdemocracia para abrazarse al populismo radical de extrema izquierda y también las alianzas con los independentistas enemigos de España y con los herederos de los terroristas.

Zapatero fue clave en las negociaciones con los nacionalistas catalanes en Suiza para la investidura de Sánchez, tras perder las elecciones en 2023. Fue también el impulsor de la amnistía a los golpistas del 17-O y, en los últimos años ha sido el ministro de Asuntos Exteriores oficioso y el artífice del alineamiento internacional de España con las dictaduras de China y Venezuela, con los BRICS, el Grupo de Puebla y del giro hacia Marruecos, separándonos de las democracias occidentales y de nuestros socios naturales europeos y norteamericanos, en contra de los intereses de España para favorecer sus intereses y negocios personales. Y como en los casos anteriormente citados, que enfangan el entorno familiar y político del inquilino actual de La Moncloa es muy difícil creer que el Presidente, sus ministros y en la cúpula del PSOE desconocieran el asunto.

Y no sirve aquí el falaz e hipócrita argumento de la persecución judicial o de lawfare al que torticeramente recurren desde el Ejecutivo, su partido y los serviles de la brunete mediática. El juez Calama ha tenido la prudencia y la decencia de no hacer pública la imputación hasta pasadas las elecciones andaluzas, además de que el auto judicial, demoledor y contundente, y las investigaciones de la UDEF coinciden con las declaraciones de Aldama, Ábalos y Koldo, al tiempo que apuntan a nuevas y altas implicaciones. Conviene recordar que el rescate de Plus Ultra se aprobó por el Gobierno en Consejo de Ministros y que de acreditarse injusta o arbitraria podría incurrir en prevaricación.