En el año 2025, los beneficios de las grandes empresas del IBEX 35 en todo el mundo, con más de 1,3 millones de trabajadores -de los cuales el 48% son mujeres- fueron de 67.300 millones de euros, un 21,5% más que el año anterior. Sin embargo, su aportación fiscal se redujo un 6,7%, hasta alcanzar los 6.400 millones, según el estudio ‘Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35’, elaborado por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

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Pues bien, en el seno de estas grandes empresas que cotizan en la Bolsa madrileña, las diferencias salariales se mantienen estables, año tras año. En primer lugar, continúa la concentración de la desigualdad con una diferencia media entre el salario más alto y el medio en el selectivo de hasta 74 veces.

Por otro lado, en las cinco empresas que concentran a más de la mitad de las plantillas (Inditex, Santander, BBVA, Telefónica y ACS), la ratio supera ampliamente los 100 salarios medios. La retribución teórica destinada a los accionistas continuó su tendencia al alza, absorbiendo el 41,9% de los costes de personal en 2024, frente al 37,6% del año anterior.

Justicia fiscal e ingresos públicos

“Comparando la estructura fiscal del país con la fiscalidad de las empresas del IBEX, tememos que el compromiso que tenía nuestro país en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de hacer una reforma fiscal que nos equiparara a los países de nuestro entorno en capacidad recaudación y equidad interna no se está cumpliendo”, asegura Carlos Bravo, secretario confederal  de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. “La contribución fiscal avanza a un ritmo mucho menor a nivel global e incluso retrocede en España”, argumenta Bravo.

Por este motivo, el sindicato reclama la obligatoriedad de que las compañías informen de los tipos efectivos sobre sus beneficios país por país e insta a aprovechar las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la cooperación fiscal internacional para redefinir el impuesto sobre sociedades y dotar al sistema de una transparencia real de cara a la ciudadanía.

Corrección de anomalías de género y la negociación colectiva

Gracias a las normativas aprobadas en materia de Igualdad y a una mejor información en la materia, la presencia de mujeres en estas empresas ha mejorado en términos generales en el conjunto de las plantillas, Además, en las plantas de dirección, el 57% de los consejeros independientes son mujeres, “concentrando su papel en el ámbito más lejano de la esfera central de decisión”, explica Luis de la Fuente, sociólogo de la Fundación 1º de Mayo.

En el IBEX 35 hay 15 empresas que cumplen el ratio recomendado por la CNMV de 40-60 en sus consejos de administración, “pero hay otras que se quedan muy lejos, como Naturgy (25% de mujeres), Grifols y Puig (30%) o Indra (31%). “A pesar de todo le Ley de Igualdad ha sido un empuje para una mejora evidente”, concluye el técnico. En los equipos de alta dirección se mantiene un ‘techo de cristal’ muy significativo.

El peligro de la simplificación normativa

Para el sindicato hay nuevos peligros para la claridad informativa. El paquete Ómnibus I supone un retroceso al elevar los umbrales de las directivas de sostenibilidad (CSRD) y debida diligencia (CSDDD). Esto dejará exentas de informar a más del 80% de las empresas inicialmente obligadas, justo tras el primer año de convivencia de las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS) con la Ley 11/2018. Un ejemplo alarmante es Acerinox, que podría reducir su reporte internacional de 66 países a solo 6.

“Esto afecta a muchas cosas y a otras grandes empresas”, asegura Carlos Bravo. Por ejemplo, al Índice Global de Derechos que publica la Confederación Sindical Internacional (CSI), “que debería identificar si se están cumpliendo las obligaciones informativas país por país en materia de negociación colectiva, derechos básicos en materia de salud laboral, libertad sindical etcétera, algo que, por desgracia, sufre de una evidente falta de calidad”, resume Carlos Bravo.

Este intento de desregulación coincide con un máximo histórico de vulneraciones a la libertad de expresión y reunión (registrado en el 50% de los países), según el Índice Global de Derechos de la CSI, lo que dificultará la detección de impactos laborales negativos.