El Gobierno ha aprobado este lunes un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado la continuidad del escudo para hogares y para empresas ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, en línea con el proceso de desescalada del conflicto, según recoge la web de Europa Press.

El titular de Economía ha puesto de relieve que las medidas desplegadas desde marzo hasta ahora han amortiguado el impacto de la guerra sobre los precios, aunque el Ejecutivo ha decidido la extensión de algunos puntos del escudo, ya que la incertidumbre se ha reducido, pero persiste la volatilidad. «Los precios de la energía seguirán por encima de los niveles preguerra durante un tiempo», ha advertido.

En este contexto, el Gobierno ha mantenido el alivio al coste de la gasolina y del gasoil para los hogares, aunque se irá adaptando a la normalización de los mercados internacionales de los precios del crudo. «Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares», ha confirmado Cuerpo.

En concreto, se ha aprobado la reducción del impuesto especial a carburantes, con una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; 5 céntimos, en septiembre.

No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar. «Si el conflicto se recrudece, los precios vuelven a dispararse, la ayuda para hogares subiría directamente a 20 céntimos», ha aclarado Cuerpo.

De su lado, se mantiene, tal cual estaba en el real decreto-Ley anterior, el alivio en el carburante a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.

Además, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicios, lo que «es importante para identificar los comportamientos anómalos».

«Se publicará la lista de aquellas estaciones que tengan comportamiento anómalo y, por otro lado, los consumidores podrán hacer reclamaciones a la vista de cualquier práctica anómala en estas estaciones de servicio», ha explicado.

El impuesto a la producción de energía desaparecerá en 2028

En cuanto a la fiscalidad energética, el titular de Economía ha anunciado la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica. Esto se hará ajustando los tipos de manera progresiva.

El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer.

«Lanzamos ya una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores. Es una medida costosa presupuestariamente pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía», ha destacado.

De su lado, Aagesen ha explicado que se trata de una eliminación gradual en 18 meses que va a contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de la industria.

«Una medida que también redunda en un despliegue facilitado de las energías renovables y hemos visto cómo en el pasado hemos aplicado medidas de manera transitoria de reducción, suspensiones temporales o minoraciones, pero por primera vez establecemos esa senda clara hasta el año 2028», ha destacado.

Las empresas que accedan a las ayudas no podrán despedir trabajadores

En el marco de este real decreto ley también se mantiene la prohibición de despedir en este contexto para las empresas que accedan a las ayudas.

En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.