En marzo, no sabemos si el 15, pero en marzo de 2027, es cuando en medios parlamentarios y en círculos próximos a La Moncloa coinciden en que Pedro Sánchez tiene previsto convocarnos a las urnas, siempre y cuando las investigaciones policiales y los procesos judiciales le permitan llegar hasta esa fecha.

Cierto es que la palabra de Pedro tiene menos valor que un billete de Monopoly y que es especialista consumado en los cambios de opinión, pero hoy todo apunta a que las elecciones generales serán en marzo. Es una exigencia del PNV para seguir sosteniendo al Gobierno estos meses que han aceptado en La Moncloa. Porque los nacionalistas vascos no quieren bajo ningún concepto un superdomingo electoral que tendría derivadas muy perjudiciales para sus candidatos en las municipales por sus apoyos al sanchismo. Al tiempo que una salida del Gobierno de Pedro Sánchez en marzo puede rebajar el voto de castigo a los candidatos socialistas en mayo, especialmente en Castilla-La Mancha.

Además, Sánchez ha dejado la puerta abierta a un adelanto “técnico» de unos meses en el caso de que el Congreso diera la espalda a sus hipotéticos Presupuestos del Estado y necesita también adelantar los comicios para no coincidir con el juicio de su mujer y para repetir como candidato para seguir aforado. Sabe que si le imputan y el Congreso niega el suplicatorio decae todo el proceso y hasta marzo tiene tiempo también para culminar el proceso de la regularización extraordinaria de inmigrantes y la polémica “ley de nietos” que podrían adulterar el censo electoral en torno a dos millones más de nuevos votantes que Sánchez considera afines al PSOE.

De hecho, el Gobierno de Sánchez se ha negado a entregar los informes sobre el impacto de la regularización masiva en el censo electoral lo que para los analistas políticos y la oposición parlamentaria supone una nueva confirmación del propósito electoral de dicha regularización. Una operación que alteraría los resultados de los comicios, o lo que es lo mismo, la sospecha de pucherazos en masa que permitirían cambiar por la fuerza el resultado de las urnas.

Una regularización extraordinaria de inmigrantes que, en contra de los mensajes torticeros del Gobierno apenas tendrá impacto sobre la financiación futura de las pensiones. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que esta medida apenas tendrá impacto sobre la economía española y aportará únicamente 0,03 puntos del PIB en ingresos por cotizaciones en promedio entre 2022 y 2050, con el añadido de que desde la CEOE denuncian que el diseño de la norma genera inseguridad jurídica para las empresas ya que no disponen de mecanismos que les permitan conocer si al trabajador se le ha denegado o no la regularización definitiva.

Y una atribución imprudente de nacionalidades de la Ley de Memoria a hijos y nietos de exiliados que ni conocen España y muchos tampoco tienen interés de conocer y que en se ha convertido en un problema para la democracia española. Con el agravante de que la empresa elegida para la nacionalización masiva en Argentina ha sido Ineco, la empresa pública que enchufó a Jésica, la “sobrina” de Ábalos, y que ha pasado de ser une ingeniería tradicional a la tecnológica de cabecera del sanchismo gobernante.

Con un presidente del Gobierno que plagió su tesis doctoral, al que pillaron cambiando la urna de las votaciones en el comité federal de su partido, que ha sido denunciado por amañar, junto a la banda del Peugeot, con votos falsos las primarias que ganó a Susana Díaz en 2017, acorralado por los casos de corrupción en su entorno familiar y político, humillado ante el chantaje permanente de sus socios enemigos de España, que presume de gobernar sin el Parlamento, que se ha dedicado a colonizar las instituciones democráticas y que desprecia la libertad de prensa y la independencia judicial, nada es descartable. Los antecedentes le avalan y no son, precisamente, tranquilizadores.