Esta semana se ha creado una polémica que vuelve a utilizar a los emigrantes con fines electoralistas y que muchos no nos esperábamos.

En realidad, solo los ultras tenían hasta ahora el valor —o la deshonra— de menospreciar los efectos reparadores de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Además de no haber presentado jamás una propuesta en sus programas electorales que pusiera el foco en la diáspora, ahora se han atrevido a amenazarnos con intentar impedir que votemos.

Ni proponen ni nos escuchan y ahora nos quieren callar.

Esta banda —ya que no me atrevería a denominarla partido político— cada día se supera en el nivel de estulticia que profesa. No son los lápices más afilados y lo sabemos, pero el espectáculo que han montado, solicitando a la Junta Electoral Central que prive a los españoles residentes en el extranjero del derecho a votar por correo, es una prueba más de su catálogo de política de barra de bar.

A la “prioridad nacional”, nacional escrita con z, ahora añaden un ataque frontal a una ciudadanía que en muchos casos fue expulsada de nuestro país por razones económicas y políticas y que, en vez de recibir el agradecimiento del partido de Santiago Abascal por las décadas de remesas o la despresurización del mercado laboral tras la crisis de 2008, recibe propuestas pueriles enfocadas a negar nuestra participación en la vida política de España.

Son antiinmigrantes y ahora vuelve a quedar patente que son claramente anti emigrantes también.

El peso del voto exterior es, por desgracia, menos importante de lo que debería, y su bravuconada no les va a costar lo que debería. Pero, tras haber estado desde 2011 forzados a rogar el voto, no estamos dispuestos a que vuelvan a cercenar nuestras posibilidades de participación en los futuros procesos electorales.

Los bullies nunca deberían haber entrado en nuestro Congreso y Senado, y es importante asegurarnos de que desde el exterior no se apoyen sus actitudes y propuestas que buscan quitarnos de en medio.

Esta polémica la ha comenzado VOX siguiendo la estela marcada por Alberto Núñez Feijóo y por Isabel Díaz Ayuso, que se han despachado en los dos últimos días con una serie de elucubraciones, polémicas infundadas e incluso exigencias y amenazas a nuestro cuerpo diplomático.

Los diplomáticos ya se han defendido, y la duda sobre su honorabilidad no le ha salido gratis a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Algunas de las dudas que sembraron fueron en relación con la Ley de Memoria Democrática y los efectos de la disposición adicional en la recuperación de la nacionalidad por parte de descendientes.

Cada una de las personas que ha solicitado recuperar la nacionalidad a través de este proceso, desde octubre de 2022 hasta la finalización en octubre de 2025, ha tenido que demostrar que sus progenitores o abuelos fueron españoles de origen… proceso parecido al que sucede en los países de nuestro entorno, pero sin límites temporales.

Lo irregular en el caso de España es que el acceso a la nacionalidad de los descendientes no se soluciona de manera permanente por parte de ningún partido, por mucho que en sus programas o viajes por Latinoamérica sigan prometiéndolo.

Hay una solución evidente y clara encima de la mesa, y desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ya se ha presentado tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado: una reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. Esta propuesta evitaría seguir presentando parches temporales como fueron la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la LMD de 2022 y nos evitaríamos polémicas absurdas por el acceso a un derecho que debería ser reconocido por un código civil que necesita ser actualizado.

A pesar de lo escuchado en los últimos días, no olvidemos que el Partido Popular, en la propuesta 344 de uno de sus programas electorales, dice:

“La comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad.”

Sorprende la utilización de la nacionalidad ahora en sentido contrario y como un constructo de “ingeniería electoral”.

El programa nos sorprende, pero aún más nos sorprende recordar aquellos tiempos no tan lejanos en los que Alberto Núñez Feijóo, paseando por Buenos Aires, hablaba de su intención de solucionar el problema de la nacionalidad de los descendientes y solo parecía mostrar pegas al parche temporal de la LMD por sus formas, pero no por su contenido.

Ha cambiado el discurso radicalmente, y el problema de la nacionalidad que antes necesitaba solución ahora es una estrategia para ganar votos. Justamente los votos que algunos partidos van a pescar en los caladeros de América Latina cada vez que se acercan elecciones, utilizando sus redes en asociaciones y federaciones, con gastos que nunca se realizan en territorio europeo, donde no logran los beneficios que sí logran al otro lado del charco.

Desde el exterior estamos bastante hartos de que se nos utilice con fines electoralistas y de que se nos amenace, más aún cuando se está poniendo encima de la mesa recortar la esperanza de recuperación de la nacionalidad española a los cientos de miles de españoles que tardarán aún unos años en resolver sus peticiones por el cuello de botella y la falta de recursos en los consulados generales.

¿Queda alguna duda de qué haría VOX en el gobierno en relación con la tramitación de nacionalidades por la LMD? ¿Hay algún iluso que crea que se mantendrían las plantillas encargadas de intentar agilizar este proceso y se trabajaría por mejorar los sistemas?

Queda claro que, al parecer, el voto de unos españoles vale más que el de otros, y aun a sabiendas de que la petición de VOX no tiene recorrido, no vamos a estar callados.