Entre las muchas lacras que contaminan nuestro mercado laboral y actúan como freno al emprendimiento y la inversión -precariedad, temporalidad, inseguridad jurídica, costes salariales y ruptura del diálogo social- el absentismo sigue siendo una de las grandes lacras de la economía española. Desde la CEOE, la AIReF, el Banco de España y las principales instituciones públicas y privadas, vienen denunciando reiteradamente esta perversión y sus efectos, que ahora el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha situado en el centro del debate político.

Durante un foro empresarial en el País Vasco, el líder del Partido Popular sugirió que los trabajadores de baja podrían cobrar menos, especialmente en casos de absentismo injustificado, y planteó la necesidad de revisar los complementos salariales que equiparan el sueldo durante la incapacidad temporal. Todo ello con el objetivo de combatir el fraude y garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social, pero sin recortar derechos a quienes realmente necesitan una baja médica, como vociferan torticeramente desde el Gobierno, los voceros del Club de los 61, los serviles sindicatos mayoritarios e, incluso, algún aturdido de su propia formación política.

Un fenómeno este del absentismo laboral que se ha multiplicado por dos en los últimos diez años que, con datos de las mutuas ha supuesto un coste de 28.900 millones de euros para las empresas con un aumento del 186%, y que está dañando gravemente la productividad y la competitividad de nuestra economía y de nuestro tejido empresarial además de suponer un lastre para el sistema de la Seguridad Social, perjudicando también resto de trabajadores que ven incrementada su carga de trabajo.

Las cifras, que como el algodón no engañan, muestran con una tasa de absentismo del 7,2% de las horas laborales pactadas, España lidera las bajas por incapacidad de la Unión Europea, que en nuestro país se han situado ya en niveles históricos con 1,6 millones de personas que no acuden cada día a su puesto de trabajo, casi 400.000 de ellos sin baja médica, con un coste de entre 23.000 y 37.000 millones de euros anuales, de los que en torno a 18.000 millones paga la Administración.

Apatía, falta de motivación, saturación de las consultas médicas, conciliación y salud mental son las causas principales del absentismo que afecta directamente a la productividad y al negocio, siendo especialmente grave para las pymes de menos de 15 trabajadores.

Sin embargo, entre todas estas lacras que deterioran nuestro mercado laboral y actúan como freno al emprendimiento y la inversión, la productividad siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la economía española. Un indicador clave para evaluar la salud económica de un país y en el que España está a la cola de la Unión Europea y de la OCDE. En concreto los últimos indicadores muestran que la productividad por hora trabajada en España es hoy un 14% inferior a la media de la UE. Situación que los economistas explican por la «peligrosa combinación de bajas tasas de empleo, falta de inversión e innovación en capital humano, barreras burocráticas, tamaño de las empresas y problemas de la estructura productiva».

Y con este panorama Yoli, la ministra de Trabajo a tiempo parcial, sigue demostrando su incapacidad para entender la economía, anteponiendo el sectarismo a la lógica y confundiendo gestión con demagogia. ¿Será porque sigue obsesionada con los ricos que, dice, se preparan para abandonar la tierra en cohetes espaciales y descubriendo que los algoritmos no andan solos por la calle en lugar de preocuparse por crear puestos de trabajo en un país con 3,7 millones de parados reales? Será.

El problema, aquí como en tantas otras cosas que deterioran la economía española y la calidad de los servicios es de gestión y de la incapacidad de quienes vociferan y se rasgan hipócritamente las vestiduras sin aportar soluciones y remedios.