Hasta hace poco, el discurso de los políticos era coincidente en expresar su confianza en la justicia. Lo decía el ministro del ramo, Félix Bolaños, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El primero cada vez más lo dice con la boca pequeña, mientras que el segundo con frecuencia hace buena la frase de que “controlaremos la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”.

Ahora el magistrado del Tribunal Supremo califica de “tragedia” la poca valoración que hacen los españoles de su trabajo e incluso considera que “la convivencia se lamina si se generaliza la idea de que en España la justicia no la imparten los jueces, sino fachas con toga”.

Guste o no, parece que son mayoría de los ciudadanos los que no confían en la justicia, especialmente en la que ejercen los magistrados de la cúpula judicial. Sin embargo, lo que evita el magistrado es analizar las causas de la profunda falta de credibilidad que tiene el sistema judicial, que en no pocas ocasiones transmite la sensación de seguir la invitación  de “quien lo pueda hacer, que haga”. Tampoco ofrece Marchena medidas para revertir esta situación y mucho menos plantea una profunda reforma del mundo de la justicia.

Es evidente que hay un problema en la justicia española, pero parece que es imposible reformarla: quien lo puede hacer no tiene los apoyos necesarios y quien se los podría ofrecer se opone radicalmente a cualquier cambio. Incluso cuesta Dios y ayuda renovar los cargos ante la posibilidad de que se modifiquen las actuales mayorías por muy caducado que sea su mandato.

No es sorprendente que la sección judicial tenga un espacio prioritario en los medios y no precisamente por los sucesos. Sorprende la divergencia de criterios en determinados procesos según quiénes son los acusados. Una tramitación a paso de tortuga si los afectados son del PP, mientras que si son los socialistas, la tramitación adquiere una velocidad de crucero. No es extraño que una parte de la sociedad tenga la impresión de que la justicia no es igual para todos y que determinados jueces contribuyan a la politización de la justicia aceptando denuncias de grupos de extrema derecha. También transmiten la sensación de que el aparato judicial pone todas las trabas para aplicar algunas leyes emanadas del congreso.

La justicia no sólo ha de ser justa, sino que ha de ser comprensible para la mayoría de los mortales, y es evidente que esta premisa de muchas decisiones de los tribunales españoles no lo es y transmiten la sensación que algunos quieren conseguir en los tribunales lo que no lograron en las urnas.

Tiene razón Marchena cuando habla de ”tragedia”, pero no añade que ”algunos se lo han ganado a pulso”.