La gasolina y el diésel vuelven a pasar factura. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en España un 4,3% interanual en agosto, un aumento de siete décimas en solo un mes y coloca a España entre los países con más inflación de la zona euro. Un repunte que sitúa la tasa de inflación en su nivel más alto desde 2023, consecuencia sobre todo de la presión de los carburantes, con la electricidad como segundo motor del encarecimiento.

Pero la subida de los precios va más allá de la energía, también el aumento del coste de los servicios está presionando la inflación. El mes pasado subieron un 4% en términos interanuales y están generando una inflación subyacente y estructural.

Escalada esta de los precios que lleva ya con seis meses consecutivos por encima de la barrera del 3% y que se ha comido ya toda la subida de los sueldos, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de las familias y los ciudadanos. Los datos de la negociación colectiva muestran que hasta julio los salarios han crecido un 3% frente al 3,5% en que lo han hecho los precios en estos siete meses del año.  Y como dato a tener en cuenta: los sueldos pactados en convenio están subiendo en torno al 3,1%. Es lo que los economistas definen como el impuesto silencioso.

Un impuesto silencioso este de los precios en un país donde el PIB per cápita, indicador que introduce el factor población en la ecuación y mide la riqueza por habitante, está en 32.630 euros, un 25% por debajo de los 43.310 euros por habitante de media en la eurozona, con datos de la oficina estadística de la Comisión Europea. Y donde la cesta de la compra ha subido un 40% desde 2020 por lo que nuestro poder adquisitivo es hoy un 4,7% inferior a la media de la UE y la capacidad de compra de los hogares españoles un 5,6% inferior a la de 2008, con un esfuerzo fiscal un 17,8% superior a la media de nuestros socios europeos.

Pero añadido al impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos la inflación tiene un efecto significativo en la recaudación de Hacienda. Así, la decisión de no deflactar los tramos del IRPF ha generado un incremento de 2.300 millones de euros en ingresos tributarios desde 2021. Es decir, que mientras los españoles se empobrecen Hacienda engorda con la paradoja de que este enriquecimiento de las arcas públicas no se traduce en mejores servicios, al contrario, pagamos más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios de la historia.

De hecho, el aumento del IRPF desde 2019 ha supuesto, con diferencia, el mayor incremento recaudatorio de un solo impuesto que hemos visto en España. Y todo esto se deriva simplemente de no adaptar ningún parámetro del IRPF a la inflación. Como desde la pandemia hemos tenido una inflación elevada durante varios años, este efecto conocido en la jerga económica como “progresividad en frío”, ha sido menos silencioso, pero mucho más implacable.

Es bastante simple: con la misma renta real, o incluso menor, se paga un IRPF superior. Es decir, hay que dedicar más porcentaje de la renta a pagar el IRPF, aunque la renta real no haya aumentado, o incluso se haya reducido. Estamos hablando de una subida de impuestos silenciosa, que no ha aprobado el Congreso y que casi nadie explica.

Como afirmaba recientemente un destacado analista económico, con la actual política tributaria el gobierno gana dos veces con la inflación. Primero al generarla o no evitarla, y después al cobrar impuestos sobre incrementos que solo existen en términos nominales, pero no en la realidad. Así es, así parece y así se cuenta.