A principios de verano me despaché sobre la utilización de la emigración con fines electoralistas y sobre la amenaza —cada vez menos velada— de recortar nuestros derechos políticos…iluso de mí, pensé que aquel artículo sería suficiente para describir el clima de sospecha y oportunismo que se ha instalado en torno a la diáspora. Pero la realidad política española siempre encuentra maneras de superarse, aunque ya por desgracia no nos sorprende nada.

El martes 8 de septiembre, con el auto del Tribunal Supremo sobre la mesa, nos vemos obligados a continuar la reflexión, porque lo que está ocurriendo ya no es solo ruido político: es una ofensiva institucional que afecta directamente a nuestra participación democrática.

Este no es un artículo repetido. Es un artículo necesario. Porque lo que antes era una polémica fabricada por VOX y amplificada por ciertos dirigentes del Partido Popular, ahora se ha convertido en un procedimiento judicial que, aunque técnico, está siendo utilizado para reforzar la narrativa de que los emigrantes somos un problema, un riesgo, una anomalía que debe ser contenida.

El Tribunal Supremo ha decidido dictar un auto que suspende temporalmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Esta decisión había sido ya tomada en las sedes de algunos partidos que parecen tener gran influencia en el Tribunal Supremo y no es más que un auto técnico convertido en arma política.

El texto es claro, aunque complejo. Y, como siempre, la complejidad jurídica ha sido el caldo de cultivo perfecto para la manipulación política.

El auto establece que, para quienes han obtenido la nacionalidad por la LMD y aún no están inscritos en el CERA, “se continuará la tramitación del correspondiente expediente de inscripción hasta su finalización”, pero una vez finalizado “se suspenderá la inscripción… hasta el dictado de la Sentencia”. Y para quienes ya están inscritos, “se suspenderán los efectos electorales de la inscripción… para los sucesivos procesos electorales”.

Es decir: no se anulan nacionalidades, no se declara irregular a nadie, no se borra a nadie, esto va de reducir derechos.

Se ha decidido, a petición de la banda de VOX, congelar temporalmente el efecto electoral de esas inscripciones mientras se aclara un punto jurídico muy específico: la diferencia entre quienes acreditan exilio de forma directa y quienes han sido inscritos aplicando la presunción interpretativa de la Instrucción de 2022.

En 2026 nos cambian las reglas del juego y deciden evitar la interpretación de la instrucción, para hacer valer lo que algunos consideren conveniente…y retirar derechos a un porcentaje que no diferirá mucho del 99% de la gente que ha tramitado la nacionalidad sin haber sido forzada a buscar pruebas de exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

La política en 2026 no vive de matices. Vive de titulares.

Algunos ya han decidido que este auto es la prueba definitiva de que la emigración es un vector de manipulación electoral.

La narrativa del miedo: una estrategia conocida y VOX ha sido el primero en aprovechar el auto para reforzar su discurso: los emigrantes somos sospechosos, nuestro voto es un riesgo, nuestra nacionalidad es un privilegio mal concedido. Lo que antes era una petición ridícula y pueril a la Junta Electoral Central para impedir el voto por correo desde el exterior, ahora se reviste de una supuesta “preocupación institucional”.

El PP, lejos de desmarcarse, ha contribuido a la confusión. Feijóo y Ayuso han insinuado irregularidades en la aplicación de la LMD, han cuestionado la actuación de los consulados y han alimentado la idea de que la recuperación de la nacionalidad es un proceso descontrolado. Resulta llamativo que quienes prometieron en campaña una ley de acceso permanente a la nacionalidad de los descendientes ahora se sumen a la narrativa de la sospecha.

La contradicción es evidente: cuando están en campaña en América Latina, la diáspora es un tesoro; cuando están en campaña en España, la diáspora es un problema.

Lo que está ocurriendo no es casual. El voto exterior, aunque limitado en impacto, puede ser decisivo en determinadas circunscripciones. Y algunos partidos han decidido que es más rentable cuestionarlo que ganarlo. Es más fácil sembrar dudas que construir propuestas. Es más fácil hablar de “ingeniería electoral” que reconocer que cientos de miles de españoles fueron expulsados de su país por razones económicas y políticas.

La emigración española ha sido históricamente utilizada como herramienta política: para presumir de vínculos con América Latina, para buscar votos en campañas, para exhibir sensibilidad hacia la diáspora cuando conviene. Pero cuando no conviene, cuando el voto exterior puede alterar equilibrios, entonces se nos señala, se nos cuestiona y somos el chivo expiatorio.

Los que votamos desde el exterior conocemos la carrera de obstáculos que debemos sortear para poder participar, y el nivel de participación en algunos consulados generales roza lo ridículo…han logrado que votemos pocos, pero queremos que nuestros votos cuenten.

El auto del Tribunal Supremo, aunque técnicamente razonable en su propósito de clarificar procedimientos, ha sido convertido en un arma para reforzar esta narrativa. Y eso es lo que resulta intolerable.

Lo que este episodio vuelve a demostrar es que España necesita una solución permanente para la nacionalidad de los descendientes. No podemos seguir dependiendo de parches legislativos temporales —2007, 2022— que abren y cierran ventanas de oportunidad, generando incertidumbre y tensiones políticas innecesarias. La verdadera urgencia: una reforma del Código Civil

La propuesta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior para reformar el Código Civil es clara, sensata y urgente. Evitaría polémicas, evitaría sospechas, evitaría que cada ciclo electoral se convirtiera en un debate sobre quién merece ser español y quién no.

Pero algunos partidos prefieren el conflicto a la solución. Prefieren el ruido a la reforma. Prefieren la sospecha a la estabilidad.

Lo que está en juego no es solo el voto exterior. Es la idea misma de ciudadanía. Es el reconocimiento de nuestra historia, el respeto a quienes emigraron por necesidad, por supervivencia, por dignidad. Es la garantía de que los descendientes de españoles no serán utilizados como arma política cada vez que convenga.

La petición de VOX no tiene recorrido jurídico. Pero sí tiene recorrido político. Y por eso no podemos callarnos.

Porque lo que está ocurriendo es un aviso. Un ensayo. Una prueba de fuerza que busca medir hasta dónde pueden tensar la cuerda sin que la diáspora responda…y debemos responder y no vamos a desaparecer del debate

La emigración española es parte esencial de la historia del país. Somos millones, diversos, tenemos los mismos derechos, y no vamos a permitir que se nos utilice ni que se nos silencie. No vamos a aceptar que se nos trate como ciudadanos de segunda y  se nos convierta en moneda electoral.

El auto del Tribunal Supremo pasará, la sentencia llegará y esperamos que esta falsa polémica se apague. Pero por desgracia, la actitud de quienes han decidido convertirnos en sospechosos permanecerá y deberá quedar claro de una vez por todas que la figura del español sin derecho a voto no debería llegar a plantearse y mucho menos existir.

Este es un aviso para navegantes y deja clara una línea peligrosa de pérdida de derechos de aquel que no cumpla el perfil de españolidad que a unos cuantos les parezca el correcto. Seguirán por la senda de la prioridad nacional y ahora la exportarán a los consulados generales de todo el mundo… si en 2027 se les deja.