Son muchos los que se declararon sorprendidos e indignados tras conocer que el Ministerio del Interior había elaborado un dossier secreto sobre periodistas en el que se incluía una interpretación sobre su inclinación política y su proximidad o lejanía del sanchismo gobernante. Pero lo verdaderamente sorprendente es que alguien pueda sorprenderse de otra muestra más de la deriva autoría de un gobierno que en su intento a la desesperada por salvarse del fango de presunta corrupción que rodea al entorno familiar del Presidente del Gobierno, al PSOE y a ministros y exministros, además de sus incapacidades de gestión no sólo intenta acabar con la independencia judicial y la división de poderes, sino que avanza en su amenaza contra los medios de comunicación independientes.

Un gobierno acorralado que no sólo no actúa contra la corrupción, lo ha dicho el Consejo de Europa, sino que acosa y persigue a quienes la denuncian, hasta el punto de que en España hoy asistimos a una reedición de la caza de brujas de McCarthy. Ese período de histeria colectiva en el que muchos ciudadanos inocentes sufrieron persecución por simples sospechas y que constituye uno de los períodos más negros de la historia de los Estados Unidos en el Siglo XX.

Un dossier sobre periodistas pagados con dinero público, el suyo y el mío amigo lector, que es el mismo dinero que se niega a los guardias civiles y a la policía nacional para mejorar su material de defensa, su armamento y sus dotaciones de personal en la lucha contra la delincuencia, contra los narcotraficantes y para defender nuestras fronteras de una violación de nuestra integridad territorial como la ocurrida en Ceuta, con la pasividad, sino la aquiescencia, de un gobierno y un presidente de vacaciones y más interesado en servir y  defender al agresor marroquí que de ocuparse de los intereses y de las necesidades de los españoles agredidos.

Y un dossier secreto sobre periodistas que supone un ataque a la democracia, a la libertad de prensa que vulnera el derecho constitucional de los ciudadanos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (Artículo 20 de nuestra Carta Magna) Y como en los tiempos más oscuros de la dictadura, esta iniciativa del Ministerio del Interior recuerda demasiado a la siniestra brigada político social del franquismo.

Decía el político y diplomático británico, Lord Ponsonby, que “la verdad es la primera víctima en una guerra, aludiendo a la manipulación de la información en los conflictos bélicos y como constatación de que la verdad suele ser la primera víctima de la propaganda y la desinformación. Un axioma que se cumple inexorablemente y no sólo en tiempos de guerra, sino también en tiempos convulsos en el ámbito político y social como práctica cotidiana y proverbial de políticos y gobiernos populistas, ante la falta de ideas, programas, proyectos y argumentos.

Ejemplos los tenemos en demasía y los vemos a diario. La Venezuela de Maduro, las Rusia de Putin, la Nicaragua de Ortega, o la Corea de King Jum, son algunos modelos paradigmáticos, pero no los únicos. También en países que se incluyen en el área de las democracias occidentales y en partidos que se autocalifican de progresistas el acoso a los medios de comunicación y los profesionales independientes, la adulteración de la verdad y la prostitución de la información es un ejercicio habitual y consentido.

Y esto es lo que está ocurriendo aquí, en este país, y ahora donde la tentación controladora e intervencionista de un Gobierno que desprecia al Parlamento y que carente de gestión es especialista en propaganda mientras protagoniza un nuevo atentado contra la libertad de expresión, dando un paso más en sus tentaciones autocráticas.

Pero con ser esto grave resulta preocupante ver como personas que se autodenominan periodistas anteponen la ideología a la verdad y a la libertad, cuando el código deontológico del periodismo tiene como dogma fundamental el respeto a la verdad y en base a este principio un periodista que antepone su ideología o su servilismo al poder estaría inhabilitado para ejercer la profesión.

Y esto no es fango ni estrategia de difamación, sino la constatación del atentado que se pretende contra el periodismo independiente, contra el trabajo y la integridad de los profesionales y contra al sistema de libertades, la Constitución y a la sociedad entera porque SIN PRENSA LIBRE NO HAY DEMOCRACIA.