Por tanto, la conclusión de Conde-Ruiz y Pinto es que incorporar el coste habitacional «no revierte la mejora de la pobreza registrada entre 2014 y 2025, pero sí eleva sistemáticamente su nivel». Y al aplicar este nuevo factor, la tasa de pobreza se elevaría del 19,5% al 23,5% al sumar esa «pobreza oculta».

El informe se basa en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) con los que los dos analistas de Fedea llegan a explicar que «la vivienda no sólo hace que más personas crucen el umbral de la pobreza, sino que agrava la situación económica de muchas de quienes ya se encontraban por debajo de él».

El punto de partida del estudio surge de una pregunta sencilla: ¿basta la renta disponible para aproximar el bienestar económico de dos hogares que tienen ingresos similares, pero afrontan costes de vivienda muy distintos? Los resultados muestran que la renta sigue siendo una medida central del bienestar, pero que utilizarla de forma aislada deja fuera una dimensión relevante de la vulnerabilidad económica. Dos hogares con una renta similar pueden disponer de recursos muy diferentes para cubrir el resto de sus necesidades una vez pagada la vivienda.

La pobreza oculta tras pagar la vivienda

El estudio estima que en 2025 había 1,95 millones de personas en situación de «pobreza oculta»: personas que no son clasificadas como pobres según la renta disponible convencional, pero sí lo son después de pagar el coste residencial de acceso. Esta pobreza oculta se concentra especialmente en el alquiler de mercado: uno de cada cuatro inquilinos inicialmente no pobres cruza el umbral tras pagar el alquiler y este régimen concentra el 72,5% del total.

FEDEA

La vivienda también puede producir el efecto contrario sobre la medición de la pobreza. Al incorporar mediante el llamado alquiler imputado la ventaja económica de quienes disfrutan de una vivienda sin pagar un alquiler de mercado, alrededor de 3,38 millones de personas que aparecen como pobres según su renta monetaria dejarían de serlo. Este efecto se concentra principalmente entre propietarios de mayor edad sin hipoteca. El alquiler imputado no supone que estos hogares dispongan de más dinero en efectivo, pero reconoce que afrontan un coste de alojamiento mucho menor que otros hogares con una renta similar.

El contraste con las condiciones materiales de vida refuerza estos resultados. En 2025, la pobreza convencional identifica al 46,7% de las personas que sufren carencia material y social severa, frente al 56,9% cuando se descuenta el coste de acceso a la vivienda y al 66,1% cuando se considera el gasto residencial total. Esta mayor correspondencia con la privación material es especialmente intensa entre quienes viven de alquiler y se mantiene incluso después de controlar por características sociodemográficas y territoriales.

Los más vulnerables: jóvenes y emigrantes de ciudades tensionadas

La vulnerabilidad asociada a la vivienda presenta además un perfil social y territorial muy marcado. Se concentra especialmente entre quienes viven de alquiler, los hogares con una persona de referencia joven o nacida en el extranjero y las zonas con mercados residenciales más tensionados. El propio análisis muestra que buena parte de estas diferencias está relacionada con la posición que ocupan los distintos hogares dentro de la estructura de tenencia y con su proximidad inicial al umbral de pobreza.

En conjunto, los resultados muestran que incorporar la vivienda no cambia la conclusión de que la pobreza ha disminuido durante la última década, pero sí modifica sustancialmente su diagnóstico, su intensidad y, sobre todo, quién aparece como pobre. La renta disponible sigue siendo una referencia fundamental para medir el bienestar, pero resulta insuficiente para distinguir plenamente entre hogares que, pese a disponer de ingresos similares, conservan capacidades económicas muy distintas después de pagar el alojamiento.

El estudio concluye que esta dimensión debería incorporarse de forma más explícita al diseño de las políticas de garantía de ingresos, teniendo en cuenta los costes residenciales que afronta cada hogar. Esto permitiría ajustar mejor la protección pública a su capacidad económica efectiva y detectar situaciones de vulnerabilidad que pueden quedar fuera cuando el test de recursos se basa exclusivamente en la renta antes de vivienda.