Haca años que Renfe tiene olvidado el servicio de cercanías en Catalunya. La falta de inversión hace que la seguridad de viajar en los trenes de la compañía estatal es total. Ya no sabes cuando saldrá tu tren y mucho menos cuando llegará. El número de incidencias que paralizan parte del servicio altera sensiblemente la movilidad de las personas.

Pero a estos problemas estructurales se añade de un tiempo a esta parte otra incidencia que incrementa sensiblemente el servicio de las cercanías catalanas y que no es otro que el de los ladrones de cobre. En el primer semestre de este año se han registrado 152 incidencias por estos robos.

Pocas veces los autores de estos sabotajes son detenidos, ni ellos ni las personas que les compran el cobre, y cuando lo son, la policía los deja en manos del juzgado correspondiente que les abre diligencias y los deja en libertad condicional, aunque sean multi reincidentes, con lo que al día siguiente pueden seguir con su delictiva actividad.

Las leyes tardan en adecuase a las necesidades. Las penas por estos robos son mínimas y la alteración del orden público es muy importante por que obligan a interrumpir el servicio ferroviario durante unas horas, con la alteración de la vida de los millares de usuarios del servicio, aparte del importante coste económico que representa  su reparación.

Es evidente que los beneficios que obtienen los ladrones por los daños causados es muy inferior a los problemas derivados de su delictiva acción provoca. Por ello, no estaría de más que acciones de este tipo pudieran calificarse de casi terrorismo y modificar las leyes para endurecerlas significativamente para ahuyentar a los grupos que viven de cortar cables de cobre.

Robar cobre debe ser muy lucrativo. Ahora el negocio de estos ladrones -según denuncia Sara Sans en La Vanguardia- se ha extendido a los coches eléctricos y han ampliado su actividad en los puntos  de recarga de los coches eléctricos. Los ladrones buscan cargadores de alta potencia por el mayor grosor del cobre y en un minuto cortan el cable y se dan a la fuga. Según la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, robar cuatro metros de cable tienen un valor de 600 euros, pero los ladrones los venden por 50, aparte del costo de reparar los cargadores y la inseguridad de los conductores de no saber si podrán recargar el vehículo.

La justicia es lenta, pero no es menos lenta la actividad de los legisladores para modificar las leyes y adecuarlas a la proporcionalidad de los daños causados, porque hoy el robar cobre les sale muy barato.