El Gobierno salvo los muebles en el último momento y con el reglamento a su favor y consiguió sacar adelante su reforma del modelo de financiación autonómica en un simulacro de Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al recabar sólo el apoyo de Cataluña y Canarias, y con la oposición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y las dos que administra el PSOE. Territorios que, en conjunto representan a más del 80 por ciento de los ciudadanos españoles.

Una reforma del sistema que en esencia es un traje a la medida de Cataluña, negociada por el Gobierno con Oriol Junqueras a espaldas de todas las autonomías y que, como han resaltado ya destacados analistas Sánchez intenta saldar los pagos atrasados con Esquerra Republicana (ERC) por su apoyo a la investidura del propio Pedro Sánchez en 2023 y a la de Salvador Illa en la Generalidad un año después.

Tal es así que la nueva financiación, que todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento – algo por ahora difícil ya que cuenta con el rechazo de los puigdemones de Junts per Cat- es cierto que aporta 20.975 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades gracias a la cesión de un mayor porcentaje de la recaudación de IRPF e IVA. Pero también es verdad que, de todo ese dinero 4.686 millones irán a parar a las arcas catalanas, la segunda región más beneficiada después de Andalucía, con 4.846 millones, seguidas de la Comunidad Valenciana con 3.669 millones y Madrid que recibiría 2,555 millones de euros más.

Por contra, las comunidades que menos cambios verían en sus arcas públicas serían Baleares con 412 millones), Castilla y León (271 millones), Asturias (248 millones), Extremadura (216 millones), además de Cantabria y La Rioja con sólo 46 y 25 millones respectivamente. Lo que muestra y el desequilibrio absoluto del nuevo modelo y el auténtico objetivo de la reforma que no es otro que los separatistas catalanes sigan avanzando hacia la independencia política a través de la independencia fiscal y financiera.

No en balde el acuerdo incluye un incremento de la capacidad tributaria, que «eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal» y «refuerza el principio de suficiencia». Así, la cesión del IRPF pasa del 50% al 55% y, en el caso del IVA, se incrementa del 50% al 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

Como hemos reiterado ya en más de una ocasión con un volumen de deuda de casi 90.000 millones de euros, el 33,5% de su PIB, Cataluña lidera el ranking de gasto público autonómico año tras año. En 2024 destinó 49.980 millones de euros, superando los 39.233 millones de Madrid y los 28,935 millones de Andalucía. Y ocupa la segunda posición en gasto por habitante con 6.245 euros, solo detrás de Baleares y supera ampliamente la media nacional de 5.552 euros, mientras que recibe del Estado más recursos por habitante, en concreto un 1,9% por encima de la media. Por lo que, como concluye el informe elaborado Centro Ruth Richardson Cataluña no sufre ningún problema de infrafinanciación, su problema es que la Generalitat gasta más por habitante que Madrid y financia ese exceso de gasto con deuda barata subvencionada por el Estado. Y con este trato de favor Cataluña solo aporta a la caja común un 8% de su capacidad tributaria frente al 26% de Madrid.

Añadir a esto que el aumento derivado de la nueva financiación no va a servir para mejorar la calidad de los servicios de los catalanes sino para costear las acciones y actuaciones del independentismo. Porque el problema de Cataluña, que tiene 15 impuestos propios frente a ninguno de Madrid no es de financiación sino de mala gestión y desvío de los recursos recibidos y recaudados.