En un espectáculo circense del no va más, el gobierno sanchista-comunista aprobaba dos decretos sobre la vivienda, que ni siquiera la ministra del ramo sabia contar ni interpretar, y que podríamos definir como decretos boomerang porque su aplicación, si se produce, se va a volver en contra de aquellos a los que pretende beneficiar y proteger, al más puro estilo de la funesta ley del “Sí es sí”, que sacó a cientos de violadores y delincuentes sexuales condenados a la calle.

Dos decretos intervencionista que congelan los alquileres, amplían hasta 2030 los desahucios, prorrogan dos años los contratos en vigor y prohíbe la comprar por los llamados “fondos buitre”. Medidas similares a las que ya han fracaso en Cataluña – la comunidad con más desahucios de España con diferencia sobre el resto- y que va a conseguir que se pongan menos viviendas en alquiler, expulsando del mercado a miles de arrendadores y a los inversores nacionales e internacionales de un país que lo que precisa es inversión privada y con urgencia.

Decretos que aumentan la ya creciente inseguridad jurídica en España y que tienen disposiciones claramente inconstitucionales al prohibir comprar viviendas a determinadas empresas o particulares. Por cierto, que ni aclara ni define que son los fondos buitre cuando, además, ocho de cada diez propietarios son pequeños tenedores, personas que tienen una segunda vivienda y que intentan complementar con el alquiler un salario o una pensión insuficiente.

Y la gran paradoja es que esta coalición sanchista-comunista lleva ocho años en el Gobierno y la escasez de viviendas tanto de compra como de alquiler social sigue siendo una más de las grandes promesas incumplidas de Pedro Sánchez. Incluida la creación de una empresa pública de vivienda, que no es más que la resurrección del Instituto Nacional de la Vivienda de ese Franco al que tanto utiliza y al que tanto se asemeja.

Más de 700.000 viviendas lleva prometidas Sánchez desde el inicio de su mandato, todavía seguimos esperando la primera, y ocho años después el Gobierno sigue sin entender que la crisis de la vivienda en España está motivada por tres causas fundamentales: la falta de oferta, el aumento de la demanda y la falta de solvencia de los demandantes que reduce sensiblemente la capacidad de hipotecarse. Escollo este último que está directamente relacionado con la fiscalidad abusiva, la precariedad laboral –hoy tener un contrato indefinido no garantiza tener un empleo fijo y poder llegar a fin de mes- la elevada tasa de desempleo juvenil, el estancamiento de la productividad, la baja capacidad de ahorro y el aumento de la pobreza en un país donde uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión.

Añadir a esto en el caso del alquiler la falta de seguridad jurídica de los propietarios ante la okupación o el impago de los inquilinos, además de la sobreprotección que la legislación desacertada y las políticas de los socios populistas del gobierno ejercen sobre quienes con actitudes delictivas que atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada.

Lo que no entiende este gobierno, por fanatismo ideológico en unos casos y por estrategias electoralistas otros, ajenos siempre al interés y a las necesidades de los ciudadanos, es que para dinamizar y abaratar el mercado de vivienda lo que realmente funciona es estimular la oferta. Se necesita liberar suelo urbanizable, rebajar la elevada fiscalidad y en el caso del alquiler dar mayor seguridad jurídica eliminando la indefensión legal y formal del propietario ante impagos, ocupaciones y destrozos, además de eliminar o agilizar la burocracia. Factores todos ellos que encarecen tanto la creación de vivienda nueva como la venta o puesta en alquiler de viviendas ya construidas. «No es normal que se necesiten diez años para modificar un plan de ordenación urbana», resaltaba recientemente Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción,

Es imprescindible también que los partidos políticos se pongan de acuerdo en una Ley del Suelo. Eso y que alguien desde este gobierno nos explique, si es que puede o es que sabe, por qué no se está construyendo más vivienda en un país donde se crean 220.000 hogares cada año y sólo se construyen 85.000 viviendas. Tal cual.