No se produjo la sorpresa. Incluso las personas que estaban acampadas en la Puerta del Sol se aceraron a las proximidades del Congreso de los Diputados para intentar convencer a todos los diputados que votaran a favor, pero los dos decretos no salieron adelante al contar con el rechazo de PP, Vox y Junts. «Los fondos buitre gobiernan el Congreso», fueron los gritos que se escucharon desde la tribuna de invitados del hemiciclo después de haberse realizado las votaciones.

LA MONCLOA

De esta forma se certificaba el rechazado de los decretos con medidas sobre vivienda que aprobó el Gobierno el pasado martes. El primero caído con 172 votos a favor y 178 en contra, y el segundo, con 166 a favor y 184 en contra.

Ni la intervención por sorpresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pidió a los diputados que “piensen en la gente”, y les advirtió que “la historia les juzgará”; ni las peticiones la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al recordar al partido de Puigdemont que el 90% de sus propuestas figuraban en los decretos; ni del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en nombre de Sumar, sirvieron. Y eso que hasta se llegó a ofrecer «correciones o puntualizaciones» en los textos de ambas normas. Y hasta el propio portavoz socialista, Patxi López, llegó a reprochar a los tres partidos de derecha (PP, Vox y Junts)  que su «clientela» son «los especuladores y los fondos buitre».

Toda la mañana había sido un rumor sobre un posible adelanto electoral, al darse por seguro que ninguno de los dos decretos saldría adelante, tras la confirmación por parte de Junts a última hora de este jueves de que votaría en contra los dos decretos, después de haber anunciado inicialmente que sí votaría a favor del primero. Los rumores llegaron incluso a barajar la posible fecha electoral: el 29 de noviembre. Todo parece indicar que este fin de semana será crucial para conocer la decisión de Pedro Sánchez.

De momento, lo único que ha dicho el presidente del Gobierno desde la tribuna ha sido que “lo que hay detrás de estos decretos es el deseo, que creo que es ampliamente compartido por la ciudadanía española, de poner orden y humanidad a un mercado que, si no controlamos, acabará destruyendo a nuestra sociedad. Es evidente que sus medidas no van a resolver por sí solas todos los problemas, no lo van a hacer, pero es innegable que sí ayudarán a mitigarlos. Y que si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso. Porque afectará a la vida cotidiana de millones de españoles. Pero también al crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional, y a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones democráticas”, a lo que añadió que “si ese daño se produce, esta vez, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos. La tendrán aquellos que voten ”no“ desde su escaño. Por eso les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo”, concluyó el presidente.

Junts y su ‘penúltimo’ intento

Antes de dos horas de que tuviera lugar la votación, que el PSOE pidió que fuera nominal para que todos los diputados se retrataran, los responsables de Junts intentaron  no quedar como los responsables del fracaso de que los dos decretos no salieran adelante. Su intento consistió en presentar un texto alternativo que, en resumen, suponía recortes a los textos aprobados por el Consejo de Ministros y publicados en el BOE, que suponían recortar la regulación de los alquileres y habitaciones, mantener las bonificaciones a propietarios y aligerar la prórroga de arrendamientos y la protección de desahucios. Pero antes, el Gobierno debía retirar sus decretos para empezar nuevamente a negociar. El Ejecutivo consideró que ya había dado todos los pasos.

Este último movimiento de los independentistas catalanes les granjeó el rechado de los partidos de izquierda. Así, el ministro de Derechos Sociales y dirigente de Sumar, Pablo Bustinduy, fue contundente en sus acusaciones hacia los dependentistas —junto a PP y Vox— de la “infamia” de “dejar desprotegidos a millones de españoles”, y les espetó que su supuesto patriotismo no es más que una pose. “Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Catalunya, pero votar en contra del decreto es votar en contra de su pueblo para ondear la bandera del rentismo”.

Bustinduy aprovechó para afirmar que “cada desahucio que se produzca a partir de esta votación va a llevar los nombres y los apellidos de quienes hoy voten que no a estos decretos, sean del PP, de Vox o de Junts”. “Lo de hoy no va de aritmética parlamentaria: lo de hoy es un conflicto de clase, y lo que van a hacer es defender a una oligarquía internacional que está extrayendo las rentas del salario de las clases trabajadoras, ganado con su esfuerzo, para repartírselo como dividendos y ni siquiera tributar en España por ese dinero”

Circo y huelga general

La respuesta en la calle no se hizo esperar.  El Sindicato de Inquilinas calificaba de “circo” la votación de los decretos de vivienda: “La política está en la calle y es donde vamos a seguir”. Valeria Racu, una de sus portavoces, culpa a la derecha ante la prensa de ser “responsables directas y culpables de que hayamos llegado a este momento”. Pero también ha culpabo al Gobierno de Sánchez y a sus socios, calificando a la izquierda de ser “totalmente incapaces de avanzar en derechos, proteger a la población y de solventar el mayor problema de este país”.

“Esto es un circo y ya no queremos aguantar este circo” ha dicho Racu. “Si allí dentro no hay políticos valientes que gobiernen para la gente, lo tenemos muy claro: se acabó el tiempo de los políticos”, ha amenazado. “Pero eso no significa que se haya acabado el tiempo de la política; la política está en la calle y es donde vamos a seguir”, ha finalizado la portavoz.

Por su parte, más de un centenar de manifestantes que han abandonado los alrededores del Congreso han continuado con su protesta en la Puerta del Sol. “Sin fecha de huelga no nos vamos”, gritan. El grupo ha sido liderado por Contracorriente, una agrupación juvenil de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras. En la esquina de Sol con la calle del Correo, integrantes de la organización han llamado a la huelga general y han mencionado a los dos sindicatos más grandes: “¿Donde están, no se ven, Comisiones y UGT?”, han gritado. También han llamado a la jornada de protestas programada para el sábado

A la manifestación espontánea también se ha unido el Sindicato de Estudiantes. El segundo colectivo ha acaparado la atención de las personas cuando el primero ha silenciado sus megáfonos. Los gritos de “huelga general ya” y “hace falta ya una huelga general” resuenan frente a la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los dos decretos aprobados en el BOE quedan en papel mojado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado miércoles, al día siguiente de ser aprobados por el Consejo de Ministros los dos decretos que este viernes han sido rechazados por el Congreso, en los que se introducían «medidas urgentes» para proteger la «función social de la vivienda».

Entre los principales medidas que contenía el primer decreto se encuetra la protección frente a los desahucios, fijando un régimen temporal de suspensión de determinados desahucios y lanzamientos cuando afectasen a personas vulnerables sin alternativa habitacional. También incluía la prórroga extraordinaria de alquileres con el fin de rmitía prolongar determinados contratos de vivienda habitual que llegasen a su vencimiento; limitar la actualización de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2027 en el caso de determinadas rentas. Si el alquiler superaba el límite máximo del índice de referencia, no se podía actualizar; en otros casos, la actualización podía quedar limitada al 2 % si no había pacto entre las partes.

Por lo que respecta a los grandes tenedores, se reforzaba la identificación y acreditación registral de la condición de gran tenedor. Se entendía por compra especulativa de viviendas, introduciendo hasta el 31 de diciembre de 2028 restricciones a determinadas adquisiciones de vivienda por entidades cuya actividad fuera adquirir inmuebles por debajo de un valor de mercado del 70%.

Para las viviendas turísticas se establecía un  régimen fiscal específico, incluyendo un IVA del 10% para determinados alquileres. Y para las viviendas vacías, se permitía a los ayuntamientos a aplicar penalizaciones fiscales mediante el IBI. También se modificaba la fiscal de las Socimis cuando sus beneficios procediesen del alquiler residencial.

Para las viviendas públicas se incluían medidas con los que incrementar y proteger el parque público de vivienda. Además se incluían medidas fiscales sobre IRPF e IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI y plusvalía municipal para facilitar la compra de vivienda.

Renovación automática de los contratos de alquiler

El más polémico de los decretos del Gobierno y el menos votado fue el segundo, ya que contemplaba la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, sin establecer un límite temporal. Con ello, el propietario de la vivienda no podía impedir la renovación del contrato,  mientras el arrendador debía acreditar una causa justificada para su renovación.

El texto también contembplaba que en determinadas circunstancias, el propietario debía indemnizar al inquilino si quería poner fin al contrato.

Finalmente, todas estas medidas dejan de estar en vigor después de dos días de funcionamiento.