Ocho años llevan los llamados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT engordando sus arcas con las subvenciones directas del gobierno, que han pasado de 8,9 millones de euros durante el mandato de Rajoy a 32 millones de euros, casi un 400 por cien más, con Sánchez, con el añadido de otros 100 millones de euros de los fondos europeos para la renovación de 42 sedes sindicales. Fondos que, en teoría estaban destinados a la industrialización de la economía, la modernización del tejido empresarial y el cambio del modelo productivo.

Las mismas centrales sindicales, que emulando la sumisión de los sindicatos verticales del franquiesmo, ahora abanderan una huelga general política y de dudosa legalidad, que no va contra el gobierno como ocurre en las democracias todas que en el mundo existen, sino a favor de quien les paga y en contra de la oposición al más puro estilo de los sindicatos bananeros de las dictaduras de Cuba o Venezuela.

Un máximo histórico de subvenciones mientras los trabajadores no paran de perder poder adquisitivo, el mercado laboral adolece de una precariedad e inseguridad crecientes, lideramos el desempleo de la UE, con más de 3,8 millones de personas que no están trabajando, y lideramos también el desempleo juvenil, y más de 12 millones de españoles, el 25% de la población, está en situación de pobreza o exclusión social.

En concreto, se estima que, en los últimos cinco años, por cada 1.000 euros los españoles han perdido aproximadamente 200 euros de poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación y la presión fiscal, y a pesar de las subidas del salario mínimo.

Un país donde el salario más frecuente es de 15.775 euros brutos anuales por debajo del que había antes de la pandemia cuando la cesta de la compra ha subido un 40% desde 2020 por lo que nuestro poder adquisitivo es hoy un 4,7% inferior a la media de la UE y la capacidad de compra de los hogares españoles un 5,6% inferior a la de 2008, con un esfuerzo fiscal un 17,8% superior a la media de nuestros socios europeos, donde pagamos más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios de la historia. Pero eso a CC OO y a la UGT de las mariscadas y condenas por la corrupción de los ERE en Andalucía, no les preocupa y tampoco les ha merecido ninguna movilización.

Y este máximo histórico en las subvenciones públicas a CCOO y UGT coincide paradójicamente con un mínimo histórico de la afiliación sindical que se ha reducido de forma paulatina pasando del 15% de los asalariados a principios de la década de los 2000, un nivel ya pobre de por sí, al 12% actual, como revela un reciente informe editado por Funcas con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por cierto, que, en un país democrático, de régimen de libre mercado, con una deuda pública que supera los 1,7 billones de euros y que lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado, resulta de difícil justificación que unos sindicatos en decadencia sigan recibiendo dinero del Presupuesto cuando la lógica y el sentido del Estado indican que tanto ellos como las organizaciones empresariales deberían financiarse de las cuotas de sus asociados.

Sindicatos denominados mayoritarios hoy reconvertidos en felpudos y estómagos agradecidos del gobierno y que con el gobierno se dedican a utilizar políticamente a los trabajadores a los que no han sabido defender, y a poner palos en las ruedas de los emprendedores en forma de inestabilidad política, inseguridad jurídica, fiscalidad abusiva y desprecio al diálogo social.

Recordar aquí que como afirmaba Rafael Calvo, que fuera secretario general de la Federación de Industrias del Calzado, “la subvención crea prepotencia en quien la da y servilismo en el que la recibe”. Y como expresa sabiamente el refranero, el que paga manda. Pues eso.