El Gobierno ha celebrado un nuevo Consejo de Ministros «social» aprobando, entre otras muchas medidas, la subia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) así como el sueldo de los funcionarios para 2027. En concreto, el Ejecutivo ha decidido subir el SMI un 5,35% para el próximo año, hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas, a lo que ha añadido que se le aplicará una deducción fiscal a fin de que no tribute.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Foto: POOL MONCLOA
En el Ministerio de Trabajo habían consultado con las patronales CEOE-Cepyme y con los sindicatos CCOO y UGT la subida del 5,3% del SMI, un porcentaje que las asociaciones empresariales rechazaron, mientras que los sindicatos lo consideraron insuficiente al reclamar un incremento del 7%. Por su parte, el Comité de Expertos había aconsejado un aumento del 4,9%. Tras su aprobación, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tachado la medida de electoralista.
El Gobierno ha querido dejar zanjado la aprobación de la subida del SMI antes de las elecciones generales del 29N, ya que habitualmente el trámite de consulta con los agentes sociales suele realizarse en el mes de diciembre.
Finalmente, la aprobación de este miércoles supone que a partir del 1 de enero de 2027, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y en cumplimiento del artículo 35 de la Constitución Española para garantizar una remuneración suficiente que satisfaga las necesidades de las personas trabajadoras y las de sus familias los perceptores del SMI cobrarán una «garantía salarial como mínimo». Y según ha explicado el Ejecutivo también se da cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Europeo de Derechos Sociales en aplicación de la Carta Social Europea, que establece que el salario mínimo debe suponer, al menos, el 60% del salario medio de cada país.
De esta forma, las cuantías que tendrá el SMI en el año 2027 serán las siguientes: un SMI mensual de 1.286 euros en 14 pagos; que en terminos anuales supone 18.004 euros. En consecuencia el SMI diario es de 42,87 euros, que se elevsará a 60,88 euros cuando el trabajador tenga un contrato de duración determinada. En el caso de la empleadas de hogar, la hora trabajada asciende a 10,06 euros.
Junto a este incremento del SMI, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) continúen sin tributar ante la nueva subida planeada para el año 2027. También ha ampliado la deducción que actualmente opera en el IRPF para que los perceptores del SMI sigan sin tributar en este impuesto.
Para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la subida «sistemática y mayúscula» del SMI es una «historia de éxito» y supone «la práctica de la mejor política económica de España». «Es la mejor herramienta para reducir la desigualdad salarial y la pobreza en España», ha insistido Díaz, que ha resaltado que, gracias a este incremento del SMI, los deciles salariales más bajos se han disparado más de un 40%, mientras que el más alto ha aumentado en torno a un 19%.
«Hemos reducido la desigualdad retributiva en un 22% (…) Ésta es una política que cambia un país de arriba a abajo», ha señalado la vicepresidenta para argumentar los efectos positivos que tiene el alza del SMI en las mujeres.
La nueva norma también incluye una disposición transitoria de «no afectación» con el fin de prevenir distorsiones en ámbitos extralaborales. Por ello, el nuevo importe no se aplicará automáticamente a normas autonómicas o locales que recurran al SMI como indicador para conceder ayudas o prestaciones públicas, ni a contratos y pactos privados que lo tengan como referencia, salvo que las partes o las normativas sectoriales así lo dispongan de forma expresa. n tales supuestos, se mantendrá durante 2027 el valor del SMI previo a la entrada en vigor de la nueva norma.
Los funcionarios tendrán una subida salarial del 4,5% en 2027
La segunda subida que tendrá lugar en 2027 será la de los funcionarios, que el Gobierno ha querido también dejar cerrada antes del 29N. En este caso, los más de tres millones de empleados públicos, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, tendrán una subida salarial del 4,5% en 2027, incremento que en la Administración General del Estado (AGE) se aplicará ya en la nómina de enero.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública
Foto: POOL MONCLOA
El propio minisro de la Función Pública, Óscar López, ha destacado se trata de la «mayor subida salarial para los servidores públicos desde 1992», a lo que añadido que con ella se da cumplimiento al compromiso del Gobierno firmado en noviembre de 2025 con UGT, CCOO y CSIF en el acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que establecía una senda para elevar las retribuciones de hasta un 11% en el horizonte de 2028.
López ha concretado que esa subida del 4,5% será incluso mayor, pues en el primer trimestre de 2027 se abonará a los empleados públicos un 0,5% adicional y retroactivo desde enero de 2026 una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme formalmente -ya entrado 2027- que el IPC interanual ha crecido este año por encima del 1,5%, que es la subida que se pactó para este año. En caso de ser así, se pagarán los atrasos correspondientes a todo 2026 y se ajustarán las nóminas siguientes.
Con esta decisión, las subidas de los empleados públicos oscilarán entre los 1.440 euros brutos al año en 14 pagas que podrá percibir un administrativo, los más de 1.900 euros adicionales para un policía nacional, los más de 2.700 euros para un maestro, los más de 3.700 euros para un médico y los más de 4.000 euros para jueces.
En el ámbito del sector público estatal, el alza del 4,5% de 2027 se hará efectiva en la nómina de enero y beneficiará a 546.000 trabajadores, mientras que el resto de administraciones deberán adoptar las medidas pertinentes para aplicarla a su personal (1,93 millones de empleados públicos autonómicos y casi 595.000 de trabajadores de la administración local).
«Hay que aprobarlo ahora, entre otras cosas porque tenemos que pasar por el Congreso de los Diputados. Al ser un Real Decreto-ley hay que aprobar una partida extraordinaria que permita hacer el pago de la subida salarial. Si no se llevará ahora, obviamente, no habría tiempo de aplicarlo el 1 de enero, por lo tanto, la razón es muy sencilla, es que no hay otra alternativa. Esto podría suceder con un Gobierno en funciones y no daría tiempo a aprobarlo por la Diputación Permanente», ha explicado el ministro. En este último trámite, López se ha mostrado convencido de que ningún grupo parlamentario va a votar en contra de esta subida.
Las indemnizaciones por residencia y partidas sociales también subirán un 4,5%
Asimismo, este Real Decreto-ley incluye una subida del 4,5% -el incremento máximo salarial previsto- en las cuantías de las indemnizaciones por residencia, una compensación económica de carácter no retributivo que perciben los empleados de la AGE para resarcir los sobrecostes de vivir en zonas con especiales condiciones geográficas o de insularidad como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla o el Valle de Arán.
En julio pasado se actualizaron estas indemnizaciones para los 11.176 efectivos de la Administración del Estado residentes en Baleares para equipararlas a las de Canarias.
La norma también incorpora un incremento del 4,5% en las partidas destinadas a planes de acción social del personal del sector público, tras haber permanecido congeladas durante los últimos 14 años. En concreto, según explicó el ministro, se destinará un 4,5% más para ayudas de guardería, gafas, transporte, tratamientos odontológicos u otras prestaciones -como estudios, prótesis auditivas o alquiler y adquisición de vivienda que «mejoran el bienestar de quienes sostienen el Estado del Bienestar».
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