Con pocos proyectos y una promesa contundente de “austeridad, rigor y transparencia”, inauguró la vicepresidenta del Gobierno el desfile de comparecencias de los miembros del nuevo Ejecutivo ante las comisiones parlamentarias. Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la aprobación del proyecto de estabilidad presupuestaria en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Y para que sus señorías vean que la promesa de austeridad y rigor no se quedará en palabras, afirmó que serán “implacables” con los políticos derrochadores hasta el punto de exigirles “responsabilidades penales”. “Ya basta de que aquí sólo paguen los ciudadanos”, afirmó.

Como recordó Rosa Díez, para castigar a los derrochadores ya existe un decreto desde 1993 que permite incriminarlos por “negligencia grave”. La vicepresidenta no negó la validez del instrumento, “pero algo ha pasado cuando no se ha aplicado”. Y lo que ocurre es que “con la Constitución hemos topado”, añadió Soraya. Si a un funcionario se le puede sancionar apartándolo del servicio, el cargo político está amparado por el artículo 23 de la Carta Magna y sólo pueden sancionarlo los ciudadanos no volviendo a votarle.

De lo que ahora se trata, según explicó la vicepresidenta, es de enviar al Parlamento una ley complementaria al código del buen gobierno que aprobó Zapatero para endurecer los preceptos del Código Penal que castigan la malversación, la falsedas y la elusión del control de los fondos públicos y que los jueces puedan inhabilitarles para ejercer el cargo. La vicepresidenta pidió consenso y, naturalmente, lo obtuvo.

Aparte de algunos anuncios puntuales como la modificación de la ley si es necesario para que la radio pueda retransmitir los partidos de fútbol sin tener que pagar a los clubes más que la entrada de los periodistas o como la reforma de la ley del Tribunal Constitucional para limitar las apelaciones y reponer el recuso previo de inconstitucionalidad ante las reformas de los estatutos de autonomía, la vicepresidenta convirtió el ajuste del gasto y el control del déficit en el eje de su intervención.

Así, anunció hachazos a los organismos reguladores y supervisores, que cuestan 66 millones de euros al año, dijo; se suprimirá el Consejo de Medios Audiovisuales y no se creará el de transportes; se reformará la ley de partidos para restarles 30 millones y que la financiación se fije en el Presupuesto y no según la evolución del IPC; estimó el recorte a las patronales y los sindicatos en 55 millones de euros; se reformará el sistema de subvenciones y se eliminarán las nominativas y, en fin, se aprobará una ley de transparencia que permitirá a los ciudadanos un cierto control de lo público.

Para dar ejemplo de austeridad, cifró en 4,4 millones de euros el ahorro de la reducción de ministerios y cargos públicos y anunció centrales de compras y una gestión inmobiliaria racional de la administración del Estado. “No tiene sentido que haya edificios infrautilizados mientras hay servicios en oficinas alquiladas”, dijo como ejemplo del ajuste del gasto corriente que el responsable del tema, Cristóbal Montoro, se dispone a acometer.

Pero lo más importante, el proyecto de ley de estabilidad que el Ejecutivo aprobará el viernes, en cumplimiento de la última reforma constitucional pactada con los socialistas, obligará a las autonomías a recortar gastos, garantizando una “cartera común de servicios sociales básicos”. El primer paso de la racionalización ya lo ha exigido Montoro en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y consiste en que las autonomías aporten sus informes sobre el ingente número de entes que poseen con el fin de evaluar su rentabilidad y eficacia, y de ordenar el conglomerado.

El Ejecutivo espera poder eliminar o reducir las 4023 empresas, fundaciones y consorcios públicos, de los que 3688 son autonómicos, y no sólo ordenar racionalmente las funciones, sino también los cargos, consejos y remuneraciones. Y lo propio hará con los entes y sociedades municipales. El objetivo de la reducción del déficit público al 4,5% del PIB en 2012 pareció, según las palabras de la vicepresidenta, como algo irrenunciable y además posible. “Hay que parar la sangría del déficit, que absorbe todo el crédito y no beneficia a nadie, pues es como si cada mes tiráramos miles de millones por la ventana”, explicó gráficamente.

El socialista Ramón Jaúregui le pidió compromisos sobre reformas de mayor calado, incluida la electoral y la del Senado, pero no obtuvo respuestas. También le solicitó que remita al PSOE el texto del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, al mismo tiempo que lo envía al Consejo de Estado, al que, por cierto, se incorporará Zapatero tras dejar de ser secretario general en el congreso del partido, previsto del 3 al 5 de febrero en Sevilla.