La defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha presentado al Congreso un informe sobre la situación económica y sus repercusiones sobre las personas que tienen créditos hipotecarios en el que la institución hace una veintena de recomendaciones para aliviar los problemas de los afectados por la crisis.

En un acto previo a la presentación al Congreso del informe, María Luisa Cava, que ha afirmado que le gustaría dejar de ser la defensora del Pueblo en funciones (por agotamiento del mandato del anterior defensor) para serlo de pleno derecho, ha señalado algunas de las recomendaciones que la institución considera convendría se pusieran en marcha para evitar en el futuro situaciones como las actuales en las que muchos ciudadanos están perdiendo sus viviendas por no poder hacer frente al pago de sus deudas.

Y citó en primer lugar que se debería mejorar el asesoramiento técnico que proporcionan tanto las entidades a la hora de negociar un crédito hipotecario como el de los notarios “que no deben limitarse a leer las escrituras que se firman sino que deberían explicar los aspectos esenciales de las mismas”.

En la línea con lo que vienen defendiendo distintas asociaciones el informe del Defensor del Pueblo aboga porque las entidades negocien ‘créditos responsables’, es decir que ajusten las condiciones para que no haya sorpresas posteriores y que se establezcan restricciones a la obligatoriedad de contratar un seguro junto a las hipotecas que suele serlo con una compañía ligada a la entidad que da el crédito.

A este respecto pidió que los ciudadanos tengan mayor independencia a la hora de elegir con quien hacen esos seguros y, sobre todo, que se eliminen algunas cláusulas que considera abusivas y que impiden en la práctica que se ejercite el derecho a percibir el seguro cuando se dan las condiciones objetivas para ello y que evitarían el embargo de las viviendas.

Uno de los ejemplos que puso es que hay seguros de desempleo que las compañías aceptan tramitar y que a la hora de hacerlos efectivos se niegan a pagar porque los titulares del mismo no tenían un contrato indefinido y era una condición necesaria, aunque no la exigen a la hora de formalizar el seguro.

Otras de las peticiones que se hacen en el informe es que aumente la independencia de las sociedades de tasación de inmuebles de las entidades financieras de forma que se evite el conflicto de interés; que se mejore el sistema de subastas de los pisos embargados, para que no concurran a ellas siempre los mismos, y que se limiten los intereses de demora hasta una cuantía que no debería  sobrepasar nunca dos veces el precio oficial del dinero que fija la Administración cada año.

En la misma línea de crítica, la titular del Defensor del Pueblo señaló que “el Banco de España viene protegiendo más a las entidades que a los ciudadanos” y que esa actitud debería modificarse de inmediato.