Ruiz-Gallardón ha situado el «exceso de litigiosidad» como uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia, y más en el momento de crisis actual, ha señalado la necesidad de trabajar en la mejora de la eficiencia  para «evitar abusos» y mejorar el uso de los recursos disponibles. «Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas«, ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera y que estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos.

Este mismo control se aplicará al modelo de justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio, según anunció Ruiz-Gallardón.

Asimismo, el ministro ha reconocido a lo largo de su intervención que es necesario «reformar estructuralmetne el sistema de justicia» en unas circunstancias que son adversas, dada la situación económica, aunque ésta «no debe ser puesta como excusa«.

Ha destacado, sobre todo, que existe una «ingente cantidad de recursos financieros« que ha cifrado en decenas de miles de millones de euros que «están paralizados en los órganos judiciales«, por lo que es necesario actuar «para que todos esos recursos reviertan cuanto antes en el circuito económico«.

El ministro reconoce que «el esfuerzo de los jueces españoles» es admirable, si bien la estructura con la que desarrollan su labor «no es la más adecuada«, por lo que es necesario reformarla «con el mayor consenso posible». «La localización en España de inversión extranjera tiene mucho que ver con el funcionamiento de su sistema judicial -ha apuntado-, y esa imagen de órganos agobiados por expedientes en papel no es la que queremos dar«.

Además de una implantación razonable de la nueva oficina judicial, tras comprobar que los planes piloto que han comenzado en algunas ciudades españolas «no dan respuesta» a las previsiones realizadas, se avanzará en una implantación progresiva de tribunales de instancia y se realizará un esfuerzo de modernización informática.

Respecto a este último punto, Ruiz-Gallardón ha anunciado la creación de una agencia que coordine la operabilidad entre los diferentes sistemas informáticos «con una auditoría constante del funcionamiento del sistema».