El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado la “aplicación de una política penitenciaria de forma individualizada” a los presos de ETA, y ha prometido actuar “con generosidad, en el marco de la ley” con los que abandonen la disciplina de la banda terrorista y pidan perdón a las víctimas. Su decisión abre la puerta a los traslados, la progresión de grado penitenciario y la salida de los enfermos graves y los que han redimido sus condenas. El portavoz socialista Antonio Hernando, estrecho colaborador de Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró plenamente de acuerdo con esta decisión y respaldó sin fisuras una actuación que quiebra la “línea dura” del sector inmovilista del PP que encabeza Jaime Mayor Oreja.

La primera comparecencia ante la comisión parlamentaria de Interior del nuevo ministro se caracterizó por la amplitud y concreción, con “diez líneas estratégicas” de actuación en todos los temas de seguridad desde una perspectiva “poliédrica”, el primero de ellos, el terrorismo. Tras evocar los esfuerzos de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, las policías autonómicas, la judicatura y destacar la importancia de colaboración francesa, subrayó el valor de las víctimas en el proceso que, según dijo, “nos permite vislumbrar el fin del terror”. “Ahora nos toca a todos lograr que ETA desaparezca definitivamente”.

En ese sentido se comprometió a actuar con “prudencia e inteligencia”, sin “bajar la guardia” porque “son muchas las veces que han burlado a la sociedad”. Y pidió a todas las fuerzas democráticas que actúen con “unidad y discreción” para lograr que la banda terrorista se disuelva. La verdadera prueba del fin de ETA será la entrega de las armas y la petición individual de perdón a las víctimas. En su intervención, muy medida, anunció la inminente aprobación del reglamento de la ley integral de víctimas, la participación de su departamento en la construcción en Euskadi de un centro memorial de las víctimas y se comprometió a seguir investigando la autoría de los atentados pendientes de aclarar para que ninguno quede impune.

En este contexto, reconoció que “la política penitenciaria es una de las partes más sensibles del proceso” porque, según dijo, todavía en las últimas semanas, “el 95% de los presos de ETA han tenido que secundar directrices de la organización; por eso vamos a aplicar una política penitenciaria de forma individualizada y actuaremos con generosidad en el marco de la ley”, en referencia a los presos que pidan perdón a sus víctimas y reconozcan que el terrorismo es un camino bloqueado y ETA debe desaparecer. Además dijo estar dispuesto a “apoyar desde el Ministerio del Interior las iniciativas que permitan deslegitimar la violencia” y aislar socialmente a “los totalitarios”.

Aunque los portavoces advirtieron la disposición de Fernández Díaz de avanzar para hacer irreversible la paz frente a una maniobra táctica de ETA, el representante de Amaiur, Iker Urbina, dijo que “es más de lo mismo” y pidió el “fin de la política de ilegalización, el cese del régimen penitenciario especial para los prisioneros políticos vascos, la liberación de los enfermos y la reparación de todas las víctimas”, incluyendo los 204 muertos y los más de 5.000 torturados en el “conflicto”. “Hay que recoger la verdad de todas las partes, huyendo del escenario de vencedores y vencidos”, dijo en referencia al centro memorial de las víctimas. El ministro evitó polemizar.