El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado hoy de que los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español, que previsiblemente se aprobará este viernes, serán considerados por Bruselas ayudas públicas.

Esto significa, según ha añadido, que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.

«En la medida en que el Gobierno ha anunciado su intención de no dar ayudas públicas que tengan repercusión en el presupuesto no elimina la necesidad de presentar aquí las correspondientes notificaciones siempre que existan recursos que son considerados ayuda de Estado implicados en la reestructuración», ha dicho Almunia.

Según ha trascendido, el Gobierno prevé que el FROB emita deuda para financiar al Fondo de Garantía de Depósitos, que prestará a los bancos que no tengan capacidad de hacer las provisiones necesarias para sanear su cartera de activos inmobiliarios. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado el total de provisiones necesarias en 50.000 millones de euros. El Ejecutivo comunitario ha recibido ya el plan de reestructuración derivado de la adquisición de la CAM por parte del Banco de Sabadell y está a punto de empezar a examinar el de Unnim, según ha desvelado el comisario de Competencia. Además, espera los planes para otros tres casos: Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia