Durante la presentación del ‘Plan de Actividades de la CNMV 2012’, Segura afirmó que el organismo «ha detectado algún tipo de defectos, no generalizados, sino puntuales» en la venta de participaciones preferentes a los particulares, ya que es «obvio» que éstos son «productos complejos» que hacen necesario aplicar un test de idoneidad.

Segura defendió que la CNMV «no se ha desentendido» del problema surgido por estos productos y que ha dedicado «gran parte de su labor inspectora y supervisora» durante 2011 a establecer los criterios para encontrar una solución, aunque alguien puede considerar que «no ha sido suficiente».

El presidente de la CNMV explicó que actualmente la «magnitud del problema» es de 11.300 millones de euros, dadas las operaciones de canje realizadas por Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell desde mayo de 2011 cuando las emisiones de preferentes acumulaban un saldo de 30.000 millones de euros.

Respecto a los canjes que están ofreciendo las entidades financieras a los clientes de preferentes, el presidente de la CNMV señaló que «no le parece adecuado» que se cambien las participaciones por productos «más complejos todavía».

Regulación de agencias de rating

Por otro lado, el vicepresidente del organismo, Fernando Restoy, recordó que la CNMV apoya la creación de un reglamento europeo para las agencias de rating que elimine la «incertidumbre y la excesiva dependencia» del resultado de sus calificaciones crediticias, aunque reconoció que «no se podrá eliminar totalmente su existencia».

Restoy señaló que las propuestas de la CNMV para esta regulación pasan por aspectos como tratar de prevenir los conflictos de intereses prohibiendo a las agencias de calificación’ evaluar a empresas donde tengan participación e invitar a los propios inversores a que analicen la calidad de los productos y «no solo se fijen» en las calificaciones.

Por otro lado, el vicepresidente de la CNMV destacó la necesidad de revisar la metodología de las calificaciones, así como la transparencia de los mecanismos de análisis. «Los nuevos requisitos todavía están a debate en el Consejo de la UE y se prevé que lleguen al Parlamento», concluyó.