El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, recibió este miércoles al presidente de CEOE, Juan Rosell. El contenido del encuentro, que se produce a falta de 10 días para que el Gobierno apruebe su reforma laboral, no ha trascendido. Sin embargo, hay quien relaciona la cita con la reforma prevista por el Ejecutivo. Y en particular con los cambios en la figura del despido, que atarán las manos a los jueces a la hora de decidir cuándo un despido es objetivo, es decir, cuándo el trabajador pierde el derecho a percibir una indemnización mayor.

Fuentes de Justicia y de CEOE eludieron precisar el contenido del encuentro que se celebró este miércoles, a las diez de la mañana, en la sede del ministerio. Hay, sin embargo, quien relaciona la cita con las últimas filtraciones sobre la reforma laboral. En concreto con los cambios previstos en la normativo sobre el despido. Un extremo que otros niegan, aduciendo que ese es un asunto tratado directamente por Fátima Báñez, la ministra de Trabajo. Por el contrario, afirman, la reunión estaría relacionada con la puesta en circulación de  “decenas de miles de millones de euros” cuya paralización, en forma de fianzas o depósitos en los juzgados, preocupa al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Atar las manos a los jueces

Según ha trascendido, el Ejecutivo estaría planteando dotar a los empresarios de un detallado catálogo de casos en los que pueden acudir a un juzgado sin temor a que el magistrado revoque un despido objetivo. Esta reforma, prevista para el próximo 10 de febrero, es la que podría costarle al Gobierno “una huelga general”  según receló el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una conversación informal el lunes en Bruselas.

Los cambios en la figura del despido afectan directamente a la indemnización a cobrar por el trabajador. El contenido de la reforma despejaría así aún más el camino del despido barato, con 20 días de indemnización, en lugar de los 45 previstos en el contrato indefinido más utilizado. Otros apuntan precisamente a que el Gobierno planea suprimir algunas figuras contractuales, y dejar solo el despido de 33 días, previsto en el contrato de fomento del empleo indefinido.

Tras las modificaciones introducidas por el Gobierno de Zapatero, la mera previsión de pérdidas es motivo suficiente para despedir a un trabajador con solo 20 días de indemnización, en lugar de los 45 días anteriores, que se pagaban en casi todos los despidos, tras la puerta abierta al despido express abierto por Aznar en 2002.

Así, en  plena crisis económica, más de un 95 por ciento del total de despidos que tuvieron lugar en 2009 pagaron una indemnización de 45 días por año trabajado, en el caso de despidos indefinidos.  Esto indica que los empresarios han preferido pagar más a enfrentarse a un proceso judicial incierto. Con esta reforma, el Ejecutivo estaría reforzando  aún más el uso del despido objetivo.

Poner en circulación “decenas de miles de millones”

Otros afirman, sin embargo, que la reunión de este miércoles giró en cambio sobre otros asunto y no sobre los cambios laborales que, según estas fuentes, son tratados directamente desde el departamento que dirige la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Según estas especulaciones, la reunión giró en cambio sobre la preocupación de Gallardón por agilizar la Justicia y liberar así las “decenas de miles de millones de euros” que, según el propio ministro, se mantienen paralizadas, en forma de depósitos y fianzas, en los juzgados.

Así, Gallardón y Rosell habrían tratado en su reunión sobre la forma de liberar parte de esos fondos tan deseados en tiempos de crisis. En concreto, la conversación habría estudiado la posibilidad de agilizar el funcionamiento del aparato judicial mediante un mayor recurso a los servicios de mediación y arbitraje.