Las cifras del paro demuestran para el Gobierno que una reforma laboral profunda está “más justificada que nunca”. Por ello sus planes pasan por reformar la negociación colectiva. No en vano la Seguridad Social ha visto caer su número de afiliados a niveles de 2004, lo que ha hecho mella en el sistema de pensiones. Una caída que aviva además un posible conflicto en el seno del Gobierno por la financiación de los complementos a mínimos de las pensiones.
El aumento en el número de desempleados sirvió este jueves al Gobierno para justificar la necesidad de una profunda reforma laboral. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, avanzó algunos de los contenidos de la reforma. Así, los cambios legislativos previstos para el 10 de febrero potenciarán la “flexibilidad interna” en las empresas. Traducido, esto significa que el Gobierno se propone reformar el actual sistema de convenios, responsable según algunos de que las crisis se resuelvan siemprer en España a través de despidos, es decir, por la vía de la flexibilidad externa.
Con la reforma de la negociación colectiva, el Gobierno pretende que los empresarios utilicen con menos frecuencia el despido como mecanismo de ajuste ante la crisis. “Es necesario devolver la confianza para que trabajadores y empresarios puedan superar juntos la crisis y el despido sea el último recurso”, significó Hidalgo, que se apoyó en los 177.500 nuevos parados que deja el mes de enero, segú datos de los servicios públicos de empleo.
El Gobierno no tocará la prestación por desempleo en su proyectada reforma, según avanzó Hidalgo. “La prestación por desempleo es intocable”, dijo. Las únicas medidas que se aprobarán en este sentido tienen que ver con el combate contra “el fraude” en el cobro de la prestación. Es más, incidió Hidalgo, si hay que aumentar la red de protección, “se hará”, dijo.
Hidalgo anticipó además que el Gobierno reforzará los sistemas de formación de los trabajadores . Y potenciará los “mecanismos de control del absentismo laboral”. Según la secretaria de Empleo, se pretende convertir la formación en un “derecho individual”. Una afirmación que algunos ven como una puerta abierta hacia la privatización de los sistemas de formación, ahora en manos de patronales y sindicatos.
Conflicto en el Gobierno por la financiación de las pensiones
La Seguridad Social perdió en enero cerca de 284.000 cotizantes, lo que significa una caída “muy importante”, según afirmó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Actualmente, el sistema cuenta con poco más de 16.945.000 afiliados, tras haber perdido más de 415.500 cotizantes en el último año, lo que deja la cifra de afiliados en un nivel parecido al de 2004.
La pérdida de cotizantes anticipa un conflicto en el seno del Gobierno a cuenta del sistema de pensiones. El secretario de Estado demandó “reconsiderar la situación” que se vive en las arcas de la Seguridad Social por los llamados complementos a mínimos. Burgos lamentó que la Seguridad Social se haya visto obligada a asumir un sobrecoste de 4.200 millones de euros en 2011 para financiar esas partidas, destinadas a complementar las pensiones más modestas y que deberían pagarse vía impuestos, según lo estipulado en el Pacto de Toledo.
“El escenario se quebró en enero de 2011”, añadió, cuando el Ministerio de Economía pasó de pagar 300 millones al mes a los 100 millones que paga actualmente para financiar estos complementos a mínimos, desveló el secretario de Estado, quien llamó a reconducir la situación en el seno de la comisión en el Congreso dedicada a supervisar el funcionamiento del sistema de pensiones.
Por otra parte, Burgos negó que los aplazamientos a las empresas en el pago de cuotas a la Seguridad Social sean un problema. “Vamos a seguir apoyando a las empresas”, dijo.
Pese a las dificultades, el Gobierno afirmó que el cobro de pensiones está asegurado aunque llamó a “quitar dramatismo” a la posibilidad de que tenga que recurrirse al fondo de reserva, la llamada ‘hucha de las pensiones’, que acumula en estos momentos más de 62.000 millones de euros.
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