El número de bancos en España de relativa importancia parece excesivo en comparación con lo que ocurre en otros países avanzados donde el sector financiero está mucho más concentrado. Y aprovechando la necesidad de reforzar el saneamiento de las entidades para que éstas puedan volver a estar presentes en los mercados mayoristas se han buscado las vías para que ello lleve, además, a una desaparición de entidades.

Entre los antiguos bancos se habla de entidades zombis que no tienen futuro y que deberían desaparecer en el futuro inmediato mediante procesos de compra y absorción. No les ponen nombre y apellidos pero es evidente que hablan de algunas de las nuevas entidades surgidas de la transformación de las cajas de ahorros en bancos. Especialmente las que están en estos momentos bajo la administración, directa o delegada, del FROB y el Banco de España.

En poco más de un mes se conocerá el destino final de Unnim, la unión de varias cajas catalanas, cuya inviabilidad en solitario quedó demostrada hace unos meses cuando el FROB debió hacer frente a una ampliación de capital, tras haberlo perdido completamente la entidad por las pérdidas acumuladas. A la subasta puede que presenten ofertas vinculantes varias entidades porque habrá ayudas públicas para su adquisición y puede que sea una de las pocas oportunidades que queden de que sea así. Y ya se vio en el caso de la CAM para el Sabadell lo ventajoso que puede resultar.

Inmediatamente después de esta subasta se abrirá la del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España tras señalar sus principales propietarios (Bankia y diversos grupos empresariales levantinos), que no estaban dispuestos a poner más dinero en su saneamiento. Este hecho puede limitar la posibilidad de que Bankia acuda a la subasta de Unnim, que está estudiando, porque sería complicado explicar la negativa a reflotar una entidad participada y sin embargo optar a quedarse con otra con ayudas públicas.

En septiembre, finalmente, el FROB tendrá que anunciar si inicia o no el proceso de subasta de CatalunyaCaixa y NovaGalicia en función de si ambas entidades no han logrado, o si, encontrar inversores privados en cuantía suficiente para que la participación de la entidad controlada por el Banco de España no supere el 80% de su capital.

Entre medias, el resto de entidades financieras tiene que presentar ante el Banco de España sus planes de aprovisionamiento y, eventualmente, sus proyectos de fusión con otras entidades. El decreto establece que deberán hacerlo antes de que finalice mayo y que el Banco de España tendrá un mes para dar el visto bueno o rechazarlos. En el caso de las fusiones, Economía tendrá la última palabra, como siempre ha pasado.

La ventaja de las fusiones es que permitirán que las provisiones se hagan en dos años en lugar de en uno, aunque es discutible que se agote ese plazo. “Los mercados descuentan de inmediato las nuevas necesidades de fondos”, señala un alto directivo de uno de los grandes bancos. Por eso quienes pueden cumplen con las exigencias desde el primer momento ya que no hacerlo repercute negativamente sobre su valoración y acceso a los mercados.

Las fusiones van a contar, además, con préstamos del FROB para quienes los necesiten de cara a cumplir con los requisitos de recursos propios vigentes. No pueden considerarse ayudas públicas en sentido estricto, ya que se trata de préstamos a devolver y posiblemente tengan unos tipos de interés elevados, aunque parece evidente que supondrá un alivio para quienes tengan problemas de generación de recursos suficientes.

Tanto el Banco de España como Economía tendrán que afinar mucho a la hora de autorizar las fusiones y la concesión de esos préstamos para evitar, como dijo Francisco González el presidente del BBVA, que “se ponga dinero bueno sobre dinero malo” porque eso acaba convirtiendo en malo al bueno.

Lo que deben evitar es que se repitan operaciones como algunas de las llevadas a cabo en el pasado y que se han demostrado ineficaces y que a larga resultarán mucho más caras de lo previsto. Las fusiones de las cajas de ahorros gallegas, la de las grandes de Castilla y León, o las dos desarrolladas por la mayoría de las cajas catalanas se llevaron a cabo con criterios políticos y partidistas, con la intención de mantener ‘las cajas en la comunidad autónoma’ y el resultado final es que se necesitará más dinero público para su saneamiento completo al tiempo que se pierde ese pretendido ‘nacionalismo’.