De Guindos acudirá a la cita con la reforma financiera hecha, por la que la banca tiene que sanear sus cuentas del ‘ladrillo’ por 50.000 millones de euros contra resultados en un año y sin recursos públicos o fusionarse y contar así con condiciones más flexibles.

Las entidades que decidan fusionarse deberán presentar un plan de viabilidad económica y medidas de gobierno corporativo antes del próximo 30 de mayo y el Gobierno les exigirá compromisos para ampliar o mantener la concesión de crédito hacia la economía.

El decreto del Gobierno incluye además un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y limita a 600.000 euros del sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado.

Pero De Guindos tendrá que abordar otros temas que competen a su Departamento, como las políticas de I+D, las tensiones de los mercados, el escenario macroeconómico general y las nuevas previsiones que el Ministerio de Economía, que aún maneja el cuadro macroeconómico heredado del Gobierno socialista.

De momento el Gobierno no quiere hablar de cifras concretas hasta que conozca las previsiones de Bruselas, que se publicarán el 23 de febrero, aunque varios organismos e instituciones, incluido el Banco de España, apuntan a una caída del PIB próxima al 1,5% este año.

Sin embargo, ahora todos los ojos están puestos sobre la anunciada reforma laboral del Gobierno, que el Consejo de Ministros tiene intención de estudiar el próximo viernes 10 de febrero.

De la reforma laboral no se conocen casi detalles. Lo que sí se sabe oficialmente, pues así lo ha afirmado la propia ministra, es que el objetivo será el de contribuir a crear puestos de trabajo en un país que ya rebasa los cinco millones de parados y que se encuentra al borde de la recesión económica.

Líneas básicas de la reforma

Para conseguir este objetivo, se trabajará en cuatro líneas básicas: mejorar la empleabilidad de los desempleados; dar más estabilidad al empleo; fomentar la formación a lo largo de toda la vida laboral, e introducir una mayor flexibilidad interna en las empresas para que cuando vengan mal dadas, empresarios y trabajadores puedan adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes no se produzcan vía despidos.

En los últimos días, se han ido conociendo algunos elementos que perseguirá la reforma, entre ellos, el impulso a la participación del sector privado en la intermediación laboral dado el escaso éxito de los servicios públicos de empleo en esta materia (sólo consiguen colocar al 3% de los parados).

Se sabe además, porque también lo ha dicho el Ministerio, que la reforma laboral no tocará el sistema de protección por desempleo más allá de que se tome alguna medida para impedir que se produzca fraude con las prestaciones. Por lo demás, considera que las partidas presupuestarias asignadas a la protección por desempleo son «intocables».

Y Rajoy dejó caer la palabra huelga

Mientras las organizaciones empresariales han urgido a aprobar la reforma laboral cuanto antes, CC.OO. y UGT han pedido por activa y por pasiva que el Gobierno les convoque y abra una negociación tripartita para impedir que lo que se apruebe tenga el efecto contrario al deseado y se destruya más empleo.

Los sindicatos se temen iniciativas impopulares en la reforma o, por lo menos, así se puede interpretar del aviso que lanzó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera cumbre europea: «La (reforma) laboral me va a costar una huelga», le confesaba el jefe del Ejecutivo al presidente de Holanda y al primer ministro de Finlandia.